Doggis: 24 dueños de 100 locales acusan a matriz y proveedores de esquema anticompetitivo

El mercado de la comida rápida está en el ojo del huracán y el escenario es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Ayer, el órgano antimonopolio acogió la solicitud de 24 franquiciados -dueños de 93 locales de Doggis y 12 de Juan Maestro- de hacerse parte en el proceso que inició Alimentos Bío Bío -que maneja cuatro locales de Doggis- en contra del grupo G&N (Gastronomía & Negocios, holding dueño de Doggis, Juan Maestro, Mamut, entre otras cadenas), y cuatro empresas proveedoras Embonor, Andina, Alifrut y Ariztía, a las que acusan de haber montado un esquema contrario a la libre competencia.
Hace unas semanas la empresa Alimentos Bío- Bío, -representada por el ex director del Sernac, Juan José Ossa-, acusó a G&N, Embonor, Andina, Alifrut y Ariztía, de llevar adelante prácticas anti competitivas y solicitó una medida prejudicial de exhibición de documentos, paso previo para presentar una demanda. Ayer, otros 23 franquiciados -representados por los abogados Rodrigo Díaz de Valdés y José Joaquín Ugarte de Baker&McKenzie- se hicieron parte, apoyando la petición de Alimentos Bío Bío.
El TDLC acogió la solicitud, fijando la audiencia para el próximo 30 de septiembre. En dicha instancia los franquiciados podrían obtener mayores antecedentes para preparar una demanda por abuso de posición dominante.
Con la nueva presentación, conocida ayer, de los abogados de Baker&McKenzie, ya son cerca de 100 los locales de Doggis -de un total de 189-, que protestan contra la empresa dueña de la marca y los proveedores.
Según explican las dos presentaciones que dan origen a esta causa, en la actualidad, y por contrato, “los franquiciados están obligados a comprar a los proveedores designados por G&N, todos los insumos de alimentos, ingredientes, y equipos necesarios para elaborar los productos”.
Y continua: “El problema es que los proveedores (Andina, Embonor, Alifrut y Ariztía), en conjunto con el grupo G&N, han montado un esquema consistente en obligar a los franquiciados a comprar únicamente a ellos sus insumos, a precios muy superiores a los de mercado, compensando por ello al grupo G&N y sus sociedades relacionadas por haber alcanzado esta posición de dominio, por la vía de pagarle un rapel. Es decir, pagos directos de los proveedores al grupo G&N, por volumen de venta de insumos a los franquiciados, a precios superiores a los de mercado”.
En definitiva, se acusa a Doggis y los cuatro proveedores de “incurrir en una discriminación de precios que pugna con las más elementales reglas que rigen la libre competencia en los mercados”.
G&N es la principal cadena de comida rápida del país, que luego de la compra de la cadena Fritz ha alcanzado los 333 puntos de venta. Este año espera facturar más de $100 mil millones y, al 2020 alcanzar los 500 locales. Doggis es su principal marca con 189 sedes, varios de los cuales son operados directamente por G&N a través de Alimentos Arauco Limitada.
La respuesta de G&N no se hizo esperar
A través de un escrito elaborado por su gerente general Rodrigo Ballesteros sostuvo que el holding posee sólidos argumentos de hecho, jurídicos y económicos para dar cuenta de lo improcedente de la pretensión de Alimentos Bío Bío.
El ejecutivo incluso va más allá. A su juicio el grupo mantiene políticas de cobros, descuentos por volumen y otras condiciones comerciales, lícitas y legítimas, que corresponden a estándares internacionales y no merecen reproche alguno de libre competencia.
En la misma tónica los proveedores aludidos en el proceso también defendieron su modelo de gestión. Ariztía representada por el estudio Ortúzar, Vergara & Boetsch sostuvo que “resulta inaceptable, que a través de este expediente Alimentos Bío Bío intente desnaturalizar la institución de las medidas prejudiciales preparatorias con el fin de obtener de manera anticipada prueba que sólo podría obtener lícitamente durante el término probatorio en el eventual juicio”.
 
Fuente: Pulso