El gobierno ha enviado una indicación al Congreso que autoriza al Metro a emitir y operar medios de pago electrónicos (tarjetas) en el marco del proyecto de ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias. Dados los múltiples beneficios sociales asociados a la provisión de medios de pagos electrónicos -reducción de costos de transacción, mayor seguridad, promoción del comercio electrónico, entre otros-, parece una iniciativa loable por parte del gobierno el fomentar la masificación de estos medios de pagos, en particular para personas que, por encontrarse fuera del ámbito de acción de la banca, no pueden acceder a estos beneficios.
La versión original del proyecto de ley permitía que empresas privadas como comercios, empresas de telecomunicaciones, u otras firmas, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pudieran ofrecer a sus clientes tarjetas de prepago para la compra directa de bienes y servicios, generando así una propuesta con valor social. La indicación ingresada amplía el espectro original de empresas que pueden operar en este mercado, al incorporar explícitamente a una empresa de propiedad estatal como Metro. De acuerdo a las propias declaraciones de la autoridad económica, la lógica detrás de tal indicación se basaría en la premisa de que la entrada de Metro a este mercado pudiera inducir mayor competencia y, por ende, reducir costos.
Si bien es cierto que la experiencia de Metro en la administración de la tarjeta Bip parecería validar su idoneidad en el ámbito de la provisión de pagos, al menos para transacciones de bajo monto, la expectativa de que pudiera contribuir a la competencia, en igualdad de condiciones, bajo criterios de pura eficiencia, parece altamente discutible. Por el contrario, experiencias como la administración de la cuenta RUT en BancoEstado dan cuenta de los riesgos de que la participación del Estado, vía empresas públicas, anule el proceso de competencia al ofrecer subsidios cruzados a emprendimientos deficitarios. Es bien sabido que BancoEstado ha estimado en más de US$ 35 millones por año la pérdida que le ocasiona gestionar la cuenta RUT. Así, en opinión de analistas, un efecto de este subsidio que canaliza BancoEstado ha sido retrasar el desarrollo de emisores de cuentas de cargo con provisión de fondos u otros medios de pago, que potencialmente transforman cualquier establecimiento con amplia cobertura de sistemas de cajas a nivel regional o nacional en puntos de acceso a dinero en efectivo, dañando en último término a quienes se ha pretendido beneficiar.
La recaudación de tarifas de Metro ha sido históricamente utilizada para financiar, al menos parcialmente, el déficit operativo del Transantiago. La iniciativa gubernamental parece abrir espacios para que aquello pueda también ocurrir en el mercado de emisión de tarjetas de pago. Parecería entonces que el propósito de masificar el uso de medios de pago electrónicos, y asegurar la competencia que permita menores precios de estos servicios, queda mejor asegurado si el uso de la tarjeta Bip! administrada por Metro se mantiene acotado a lo actualmente autorizado.
La versión original del proyecto de ley permitía que empresas privadas como comercios, empresas de telecomunicaciones, u otras firmas, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pudieran ofrecer a sus clientes tarjetas de prepago para la compra directa de bienes y servicios, generando así una propuesta con valor social. La indicación ingresada amplía el espectro original de empresas que pueden operar en este mercado, al incorporar explícitamente a una empresa de propiedad estatal como Metro. De acuerdo a las propias declaraciones de la autoridad económica, la lógica detrás de tal indicación se basaría en la premisa de que la entrada de Metro a este mercado pudiera inducir mayor competencia y, por ende, reducir costos.
Si bien es cierto que la experiencia de Metro en la administración de la tarjeta Bip parecería validar su idoneidad en el ámbito de la provisión de pagos, al menos para transacciones de bajo monto, la expectativa de que pudiera contribuir a la competencia, en igualdad de condiciones, bajo criterios de pura eficiencia, parece altamente discutible. Por el contrario, experiencias como la administración de la cuenta RUT en BancoEstado dan cuenta de los riesgos de que la participación del Estado, vía empresas públicas, anule el proceso de competencia al ofrecer subsidios cruzados a emprendimientos deficitarios. Es bien sabido que BancoEstado ha estimado en más de US$ 35 millones por año la pérdida que le ocasiona gestionar la cuenta RUT. Así, en opinión de analistas, un efecto de este subsidio que canaliza BancoEstado ha sido retrasar el desarrollo de emisores de cuentas de cargo con provisión de fondos u otros medios de pago, que potencialmente transforman cualquier establecimiento con amplia cobertura de sistemas de cajas a nivel regional o nacional en puntos de acceso a dinero en efectivo, dañando en último término a quienes se ha pretendido beneficiar.
La recaudación de tarifas de Metro ha sido históricamente utilizada para financiar, al menos parcialmente, el déficit operativo del Transantiago. La iniciativa gubernamental parece abrir espacios para que aquello pueda también ocurrir en el mercado de emisión de tarjetas de pago. Parecería entonces que el propósito de masificar el uso de medios de pago electrónicos, y asegurar la competencia que permita menores precios de estos servicios, queda mejor asegurado si el uso de la tarjeta Bip! administrada por Metro se mantiene acotado a lo actualmente autorizado.
Fuente: LaTercera
