TV DIGITAL

Televidentes de primera y segunda categoría
Por Hernán Calderón R., Constructor Civil, Presidente CONADECUS
La cámara de Diputados debe votar el proyecto de Ley que establece el marco regulador para la televisión digital terrestre y aunque se trata de una tecnología que posibilita múltiples avances y mejoras en lo que hoy conocemos como televisión, la ley que se está proponiendo para regularla es un tremendo retroceso para las ciudadanos y para los consumidores. En efecto, al leer el detalle del proyecto que propone el Gobierno, lo primero que salta a la vista es que éste establece explícitamente la posibilidad de cobrar a los usuarios (a los televidentes) por la entrega de servicios que hoy se reciben gratuitamente.
Y no es casualidad, desde sus orígenes la televisión estuvo ligada a instituciones vinculadas al bien público (Universidades y el Estado), precisamente porque ésta afecta bienes sociales esenciales, como la libertad de información y de expresión; pero también por el tremendo efecto modelador que la TV tiene sobre la cultura y los valores de la sociedades en su conjunto.
Los ciudadanos que por su parte entregaban un bien público (el espectro) a estas instituciones para su uso, recibían a cambio una oferta programática diversa, libre y gratuita. El proyecto que hoy se discute en el Congreso cambia radicalmente esta realidad y, por el contrario, propone la creación de una industria adicional de televisión para productos de pago. Todos sabemos lo que pasa con los canales cuando desarrollan versiones abiertas y un paralelo de pago: se convierten en canales “normales” y “Premium”, con la consecuente creación de telespectadores de primera y segunda categoría, alterando la idea original del proyecto
Adicionalmente, para el desarrollo de la nueva televisión terrestre(ahora digital), la ley asigna “a dedo” concesiones de espectro a los mismo operadores que actualmente conforman la mayor parte de la oferta televisiva, pero con dos diferencias fundamentales: ya no son canales universitarios, sino que son grandes empresas privadas nacionales y extranjeras las que operan dichos canales y el espectro que éstas conservan, que antes les permitía emitir una señal televisiva, ahora les permitirá tener múltiples señales y productos altamente lucrativos.
Por esta y por múltiples otras razones que afectan directamente a los consumidores y a los usuarios de la televisión abierta, el proyecto de ley del Gobierno debe abrirse a la discusión con la ciudadanía y con las organizaciones representativas de ésta. Si el debate se sigue manejando bajo la amenaza del tiempo y la falacia de los imperativos técnicos, la televisión se convertirá en otra privatización que terminan pagando los mismos de siempre: los consumidores.