LA TRAMPA FINANCIERA

TRAMPA FINANCIERA DE LA POLAR DESNUDA DESPROTECCION DE LOS CONSUMIDORES
Por Rafael Urriola U. Director de CONADECUS.
Este viernes se desplomaron las acciones de La Polar, cuarta cadena de tiendas más importante de Chile, después de Falabella, Ripley y Almacenes París. Estas cayeron en 42 por ciento y debieron suspenderse las transacciones como está establecido en la Bolsa en casos extraordinarios.
Todo se desencadena por el anuncio de un hecho esencial en que la empresa declaraba prácticas en la gestión de su cartera de crédito “no autorizadas por el Directorio” y “en disconformidad con los criterios establecidos por la compañía”. En este caso, La Polar repactó deudas sin el consentimiento de los clientes. Esta práctica, abusiva y fraudulenta, como lo indican los especialistas, consiste en transformar la deuda morosa en nuevas deudas lo cual aumenta los valores de los documentos por cobrar y mejora, ficticiamente, la posición financiera de la empresa
Nada se habría sabido sino porque el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) tuvo que hacerse parte de una denuncia que habían presentado más de 2 mil personas que se sintieron afectadas por este procedimiento que muchos suelen soportar sin reclamar: el cambio unilateral de las condiciones de un contrato.
El ardid de la Polar para “maquillar sus balances” se debía a que tenía la intención -conocida en marzo de 2011- de proponer a sus accionistas un plan de aumento de capital por hasta 400 millones de dólares destinado a financiar programas de expansión. En un documento enviado al regulador doméstico, la firma dijo que la operación sería mediante una emisión de acciones de pago y que podría realizarse en una o más etapas. La Polar indicó que los recursos irán a “financiar el plan de crecimiento de la compañía en Chile, acelerar la expansión anunciada en Colombia, posibilitar la participación en eventuales oportunidades de adquisiciones en Chile, Colombia u otros países y fortalecer su base de capital”. Todo esto debía aprobarse en la asamblea de accionistas de este 22 de junio.
Curiosamente, luego de denunciado públicamente este escándalo la empresa anunció “una inmediata y exhaustiva evaluación externa de la cartera de crédito, que involucre la revisión de los procedimientos y prácticas tanto en sus aspectos comerciales como operacionales y de riesgo del negocio de crédito”. La compañía detalló que “dichas prácticas podrían tener un efecto en el nivel de provisiones adicionales requeridas por la compañía, no dimensionado íntegramente hasta la fecha, pero que de acuerdo a estimaciones de la compañía, debieran encontrarse en un rango entre $150 mil a $200 mil millones. Lo curioso es que este valor que hoy se reconoce para constituir provisiones coincide con el valor de las acciones que pretendía emitir por 400 millones de dólares.
Los analistas menos ingenuos sospechan que esto muestra que este ardid no fue una decisión de funcionarios menores sino una política de la empresa que no podría ser desconocida por el directorio y que más allá de las inversiones externas tenía por objeto “encajar” las deudas incobrables de la empresa.
En realidad, había señales en el mercado que mostraban que la política de la empresa de abrir indiscriminadamente los créditos se parecía más bien a lo que había provocado la crisis inmobiliaria mundial de hace años. Y, consecuentemente los resultados estaban siendo desastrosos. A. Sepúlveda del grupo Consultor de Gutiérrez & Silva Abogados dijo que “Los reguladores estatales tampoco hicieron bien su trabajo, teniendo todas las facultades para emitir opiniones de acuerdo a la gestión y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta oficial de los reguladores”.
Esto no es solo un problema de consumidores aunque como indica Hernán Calderón, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), “hoy día lo más importante es que esta empresa cambie su conducta”, pero el paso siguiente debe ser que se siente en una mesa junto con el Sernac y las organizaciones de consumidores para estudiar mecanismos de compensación para las personas que fueron afectadas.
También las personas pueden sentirse involucradas porque las AFP (las tres administradoras que mayor participación tienen en la firma de retail son Provida, Habitat y Cuprum) tienen fuertes inversiones en esta empresa ya que controlan el 24 por ciento de la propiedad de La Polar. Esta situación podría hacer caer –aunque se estima sólo en un 1%- la rentabilidad de los fondos de pensiones A, B y C, los más sensibles a los vaivenes del mercado financiero. Cabe preguntarse acerca de las capacidades de los directivos y las atribuciones funcionales de la Superintendencia de AFPs que, pese a saberse de las debilidades de esta empresa, no tomó ninguna medida y ésta permaneció entre las facultadas para invertir. Los chilenos y chilenas pueden con razón plantearse si ¿existe en Chile capacidad para defender a los usuarios frente a las acciones de las grandes empresas?.
La vocera de Gobierno, Ena von Baer, este jueves 9 opinando de este tema a través de Emol noticias, no perdió la oportunidad de mostrar su superficialidad e irritar a la gente diciendo que “Siempre estamos observando todos los fenómenos que ocurren dentro de nuestra economía, pero es un tema de privados”. No es comprensible que la vocera de gobierno diga esto mientras un organismo público (SERNAC) se hizo parte y fue decisivo en develar un ardid financiero que perjudica a miles de ciudadanos. Debe tomar en cuenta que el Sernac presentó una demanda colectiva en el 1er Juzgado Civil de Santiago contra la empresa La Polar por realizar repactaciones de deudas sin el consentimiento de los consumidores, estableciendo unilateralmente las nuevas condiciones de pago.