Opinión: Consumidores y Pymes Entran A la Pelea Contra la Desigualdad

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet otorgará mayores facultades al Sernac y a la FNE, con la mira puesta en emparejar la cancha para consumidores, pymes y grandes empresas y proveedores, dado que hoy es bastante desigual en un mercado altamente concentrado como el chileno y donde no son infrecuentes los abusos de posición dominante y las prácticas predatorias que afectan el bolsillo de las personas y muchas veces empujan a la quiebra a las firmas de menor tamaño, o les impiden surgir.
El principal eje del gobierno de Michelle Bachelet es, según sus mismas palabras, derrotar al enemigo número uno del país llamado desigualdad. Y algunas de las armas que se usarán para atacarla, serán las Reformas Tributaria y Educacional que son prioridades para la autoridad para sus iniciales 100 días de Mandato, pero los profundos cambios no quedarán sólo en esos ámbitos.
En ese sentido, el gobierno está afinando dos revolucionarias trasformaciones, que apuntan a fortalecer la defensa a los consumidores más vulnerables y a las pymes: darle poderosas facultades al Sernac y a la Fiscalía Nacional Económica. Es que, a juicio de las nuevas autoridades, la protección a las personas y a la libre competencia son dos caras de la misma moneda, ya que ambas buscan que los mercados funcionen de manera eficiente, eliminando las distintas fallas.
Con estas medidas, se busca emparejar la cancha entre los consumidores, pymes y los grandes proveedores, dado que hoy es bastante desigual y no son infrecuentes los abusos de posición dominante y prácticas predatorias que muchas veces empujan a la quiebra a las firmas de menor tamaño o les impiden surgir, socavando, de paso, los bolsillos de los consumidores.
León Con Dientes
Hoy, la sociedad civil está empoderada, exige que se le respete, se organiza y se moviliza para exigir sus derechos. Por lo mismo, de acuerdo al director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, este grupo debe tener un rol fundamental en la protección al consumidor. “La Presidenta lo ha dicho de manera muy clara: que este nuevo ciclo comprende a una ciudadanía diferente”.
Así que se busca que el Sernac, en su rol fiscalizador, pueda ir a un mercado con fallas, solicitar información y si ésta no llega, aplicar multas. Y estas sanciones, que se medirían en base a la gravedad de los hechos y a las ventas de la empresa, también serán concretadas directamente en caso de malas prácticas, junto con la exigencia de compensaciones para los afectados, sin recurrir a Tribunales, reglamentando así las mediaciones y gastando menos recursos.
Asimismo, el Sernac tendrá la chance de emitir normas obligatorias como una superintendencia para establecer límites claros a las industrias, por lo cual para una correcta coordinación se creará un consejo que agrupará a los reguladores sectoriales, donde el Servicio actuará como secretaría técnica, y al fin será un león con dientes frente a las megacompañías.
Otro punto que muestra el cambio de políticas públicas de cara a la ciudadanía, es que se dará un rol central a las asociaciones de consumidores distintas al Sernac, con mayores recursos desde el Estado y herramientas técnicas. La idea es que se mantengan autónomas, en cuanto a su rol de denunciar infracciones, lo que es bien visto por éstas.
Libre Competencia a Más Vulnerables
Por otro lado, para el gobierno, no hay mercado sin fallas o sin zonas oscuras, tomando en cuenta que Chile es un país con industrias de muy elevada concentración. Si se avanza en eso, se puede ver que hay personas y firmas más vulnerables, a los que los abusos los afectan de forma más intensa. En libre competencia, éstas serán el foco.
Y el cambio más llamativo que experimentará la FNE, será que en los mercados con fallas persistentes, podrá dictar normas especiales y modificar reglas que propician comportamientos ilícitos, lo que podría ser utilizado como factor coercitivo para las malas prácticas. Fuentes del sector afirman que el gobierno, para aplicar esto, buscaría quitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la facultad de proponer cambios legales a la Presidenta, lo que miraría con especial preocupación el TDLC.
En otro punto, el especialista en libre competencia de la UC, Ricardo Jungmann, valora que el sistema de control de concentración –enfocado en fusiones de mayor envergadura- pasará de ser semivoluntario a obligatorio de carácter mixto, con participación de la Fiscalía en primera instancia –negociará medidas de mitigación en un plazo breve- y del TDLC en casos que requieran procesos contenciosos o no contenciosos.
El gobierno, igualmente revolucionará al TDLC, calculando las multas según las ventas de la compañía y no en el tope actual de 30.000 UTA, US$30 millones, en casos de carteles. Además evaluará un tipo penal para la colusión, cuidando el mecanismo de delación compensada,  y transformará a los ministros del Tribunal en profesionales de dedicación exclusiva.
Editorial:  Estrategia.cl, 24 Marzo, 2014