Conadecus agradece a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputado a opinar

como representante de los usuarios sobre las modificaciones a la Ley 19.628, que busca unificar y

regular el sistema de deudas bancarias, con las comerciales.

Estimamos altamente positiva esta iniciativa, por cuanto consideramos sesgado y costoso el sistema

actual de información comercial y financiera .

Manifestamos nuestro acuerdo con la mayor parte del contenido del proyecto, el cual permitirá al

mercado financiero manejar de mejor modo la concesión de créditos. Sin embargo, como representantes

de los consumidores es nuestra obligación llegar a ustedes algunas discrepancias:

a.- Consideramos inadecuado extender el plazo de comunicación de las obligaciones morosas o

protestadas a más 5 años que es el plazo actual El tener información económica negativa no sólo

implica un daño moral, sino que en la práctica anula al deudor como sujeto económico, especialmente

la búsqueda de trabajo. Si este período se alarga a 10 años como plantea el proyecto, prácticamente

se impidirá  la recuperación económica y laboral de la persona de por vida, Consideramos suficiente

el plazo de 5 años, ya sea como castigo moral o como económico.

b.- Consideramos que el proyecto no corrige la asimetría de información, sino que permite a los

proveedores financieros administrar mejor la concesión de créditos al existir una información

completa de las deudas de cualquier ciudadano, lo cual puede ,en un comienzo, significar una

disminución en el otorgamiento de créditos.

Sin embargo, el impacto en el largo plazo en el sobre endeudamiento será mínimo, dado que los

factores que inciden fuertemente en él esta determinado por: i) tasa máxima de interés convencional,

excesivamente alta; ii) cargos de gastos de administración, seguros, gastos de facturación, etc.,

sin regulación alguna; iii) cálculo no regulado del interés, que puede llegar a más que doblar el

capital; iv) efecto de demostración perverso hacia  el consumo, que estimula el gasto; v) publicidad

, promociones y liquidaciones en frecuencia y cantidad, que mantienen una alta asimetría de

información, con medios  que ayudan a esta asimetría vi) ausencia de fuentes de financiamiento de

bajo costo, para los sectores de menores recursos y  escasa participación del Estado en materia de

créditos; vii) la relación del consumo con la demanda interna y el crecimiento,  crea presiones

perversas sobre el endeudamiento.
 
Aprovechamos esta oportunidad para solicitar a esta Comisión  incorporar estos temas en el análisis

del proyecto, pues los consumidores y usuarios requieren con urgencia regulaciones que aseguren 

mayor trasparencia en el mercado y aseguren una rebaja  en el costo de los créditos.

c.- Consideramos que el proyecto debiera establecer responsabilidades a l os proveedores de créditos

cuando los otorguen  a personas que por su edad e ingresos no debieran ser sujetos de créditos.

Actualmente, independiente del riesgo y amparados en factores descritos en el punto anterior, se

distribuyen tarjetas de créditos en la calle a estudiantes (caso de calle República en Santiago),

amas de casa sin ocupación (caso de calle Centenario en San Antonio), sin ningún tipo de requisito,

sólo con la cédula y certificado de residencia, en algunos casos. Los morosos son aquellos que no

logran obtener apoyo económico familiar para solventar las deudas, quedando atrapados en una calle

sin salida. Esto repercute  que estudiantes universitarios al egresar no tienen oportunidad de

trabajo por tener malos antecedentes como deudores.

En las situaciones descritas Conadecus propicia que no se incorporen a los morosos al sistema de

información y que sean los proveedores quienes asuman las pérdidas. Esta medida podría disminuir

esta entrega indiscriminada de tarjetas  de crédito, reduciendo así daños colaterales hacia

familiares y avales.

En resumen ,  nuestra opinión es que se debe aprobar la base consolidada de datos financieros , 

asegurando que la rebaja en  el risego de los créditos se traspase efectivamente a los  demandantes

de créditos y que no se utilice , exclusivamente para aumentar las utilidades del sector bancario.