En el Reino Unido hoy se discute el efecto real de la aplicación de estas políticas en estos mercados, técnicamente conocidos como “monopolios naturales”, sobre los ciudadanos comunes. Investigaciones al mercado del gas indican que sólo uno de cada dos consumidores son, efectivamente, beneficiados. (La Nacion Domingo).

Hace un mes, la subsecretaria de Telecomunicaciones divulgó los resultados de la licitación que permite la entrada de dos nuevos oferentes (Nextel y VTR) para ofrecer tecnología 3G en telefonía móvil.

El objetivo es fortalecer la competencia y aumentar el beneficio social, dando además un gran salto tecnológico para el sector (10 a 20 veces de mayor anchura de banda), al permitir una alta trasmisión de datos; más velocidad; posibilidad de acceder a equipos con mejor resolución, y mejoras a la conectividad en lugares alejados.

En el Reino Unido hoy se discute el efecto real de la aplicación de estas políticas en estos mercados, técnicamente conocidos como “monopolios naturales”, sobre los ciudadanos comunes. Investigaciones al mercado del gas indican que sólo uno de cada dos consumidores son, efectivamente, beneficiados. 

En otras palabras, si consideramos a todos los grupos vulnerables (población de menor educación, grupos de bajos ingresos, adultos mayores de 65 años, población rural), un 47% de la población inglesa nunca se ha cambiado de proveedor de estos servicios y no ha recibido beneficio alguno derivado de la mayor competencia, tales como mejoras en la calidad de los servicios o contratos con menores precios.

Al expandir esos números hacia el resto de la población, se concluye que un 22% de ellos se ha cambiado sólo una vez a un nuevo proveedor en los últimos diez años.

Peor aún: por el carácter pasivo de esos grupos vulnerables, finalmente resultan víctimas de una discriminación vía precios.

Las utilidades de las empresas involucradas terminan creciendo como consecuencia –paradójica- de la “mayor competencia”, mientras que muchas de las empresas entrantes no logran consolidarse, debiendo salir luego de la industria.

A contrapelo del espíritu de la política, la realidad en Chile no es muy distante: una gran proporción de consumidores posee planes básicos con altos precios unitarios, inmodificables debido a la existencia de barreras contractuales o porque las “empresas históricas” no expanden sus beneficios a todos los consumidores y sólo se centran en cuidar a los más informados y exigentes.

Estos últimos sí son sensibles a la entrada de nuevos actores y negocian mejoras contractuales a condición de mantenerse con sus antiguos proveedores, lo que acentúa las diferencias de precios con los primeros.

Desde la posición de las nuevas empresas, el mensaje es que se abre una tremenda oportunidad para beneficiar a los consumidores y de paso controlar sus riesgos de entrada al mercado al ofrecer planes homogéneos con precios atractivos, información sobre la calidad de sus servicios y especialmente campañas dirigidas a romper la conducta estática de los grupos vulnerables, de manera de infundirles confianza en cuanto a que el cambio es beneficioso.

Ante este escenario, las autoridades y los académicos ingleses están propugnando una regulación activa e informada, que considere la aversión al cambio de la población y también las conductas de las empresas instaladas destinadas a mantener su posición dominante.

En suma, que no se desvirtúe el beneficio esperado del ingreso de nuevos actores. Números más o números menos, ésta también es una tarea pendiente para nuestros reguladores.

Ivan Valdes

Economista , académico de la Universidad Central.

18 octubre