2007-04-06

Dictamen rechazó decisión de Obras Públicas de calificar la carretera como "autovía" para evadir evaluación de la Corema.

UZIEL GÓMEZ

La Contraloría dejó al descubierto el resquicio utilizado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para no someter la autopista Vespucio Sur al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Obras Públicas calificó a esa carretera de "autovía", clasificación lingüística para liberar al proyecto de la aprobación de la Corema Metropolitana, la consulta ciudadana y la fiscalización de los servicios públicos.

Pero el dictamen del 15 de febrero de la Contraloría, al que tuvo acceso "El Mercurio", "desestima la solicitud de reconsideración formulada por el MOP, y se ratifica en todas sus partes que Vespucio Sur debe someterse al SEIA, sin perjuicio de las medidas y acciones implementadas para mitigar los impactos generados durante la construcción y explotación de la obra".

El fallo tiene como fundamento el "resguardo de una garantía constitucional y no de una simple norma técnica".

Una autopista tiene los cruces a desnivel, permitiendo viajar sin interrupciones, características que no tiene la autovía.

Vespucio Sur fue la tercera de las autopistas urbanas habilitada en diciembre de 2005 bajo la administración del ex Presidente Ricardo Lagos.

El ministerio sometió al SEIA a Costanera Norte y a la Autopista Central, pero no a las carreteras de Américo Vespucio.

Carlos Uribe, jefe de explotación de Concesiones del MOP, señaló que cumplirán la resolución de la Contraloría.

"Estamos dando los pasos necesarios que impone el SEIA para realizar el estudio o declaración según corresponda", dijo.

El ministerio asumirá los costos del estudio y de las eventuales medidas de mitigación.

Uribe añadió que el dictamen "se condice con la nueva política ambiental del MOP de someter a evaluación todos los proyectos".

Vespucio Sur, además, está siendo cuestionada por los alcaldes de La Cisterna, La Granja, San Ramón y Lo Espejo por dejar decenas de sitios abandonados, y por construir deficientes espacios y mobiliario público.

Santiago Rebolledo, edil de La Cisterna y vocero de sus colegas, dijo que la mantención de los predios bordea los $1.000 millones al año, recursos que no tienen, y que estudian una demanda civil contra el ministerio.

"Este abandono no ocurre en las comunas del oriente. Somos discriminados por el MOP", afirmó. La concesionaria aludida aclaró no ser responsable de la mantención y que "siempre ha colaborado con la comunidad".

El Mercurio