Gobierno aplica suma urgencia a proyecto de libre competencia tras fallo de Farmacias

El fallo absolutorio de los 10 ejecutivos del caso Farmacias dado a conocer el martes por el Cuarto Tribunal Oral fue la oportunidad perfecta para que el Ejecutivo tomara la decisión de acelerar el trámite del proyecto que perfecciona el sistema de libre competencia, actualmente en su primer trámite en el Congreso.
Así, a partir de mañana, en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la iniciativa tendrá suma urgencia, adelantó a “El Mercurio” el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
Esto significa que dentro de 10 días el proyecto tiene que ser despachado al Senado.
“Buscamos dar una señal muy clara respecto a que la colusión no se puede permitir en nuestra economía, pues afecta a millones de ciudadanos. Tenemos que ser muy drásticos en las sanciones: penas de cárcel e incrementos de las multas para que estas jueguen realmente un rol de disuasión”, dice la autoridad.
Céspedes recuerda que en 1995, al igual que en 2008, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó de colusión a las principales cadenas de farmacias. “La historia nos confirma que las sanciones que tenemos hoy día en nuestro sistema no son lo suficientemente disuasivas para evitar este tipo de conductas”, considera el ministro de Economía.
Durante el período de indicaciones, el Ejecutivo precisó la dimensión de las multas por colusión establecidas en el proyecto, pues se había generado una serie de dudas en torno a la fórmula.
La sanción será equivalente al 30% de las ventas alcanzadas durante el período de colusión, y que hayan estado relacionadas con la línea de productos o servicios asociada a la infracción, y no con todas las ventas de la empresa. Sin embargo, diversos expertos siguen considerando que el 30% es excesivo. El Ejecutivo, hasta ahora, mantiene su postura.
“Nos parece que el 30% es una cifra razonable. En el caso de la colusión de los pollos, ese límite incluso habría estado por debajo del beneficio económico documentado por la FNE”, señala.
Céspedes recuerda que en el caso de los pollos la FNE estableció que el beneficio económico obtenido fue de US$ 1.500 millones. Sin embargo, las multas totales estuvieron en torno a US$ 60 millones. “Fue una fracción ínfima respecto del beneficio que obtuvieron aquellos que se coludieron”, dice.
Penas de cárcel
El proyecto de ley del Ejecutivo establece penas de cárcel para la colusión entre cinco y diez años. El presidente del Tribunal de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, ha dicho que las penas de cárcel podrían transformarse en “una falsa promesa de castigo”. Ha afirmado que pese a que la criminalización de los carteles se ha ido materializando en una veintena de países, no es cierto que los ejecutivos o dueños de empresas sean siempre castigados con penas de cárcel por coludirse.
Céspedes advierte que dicha crítica es poco rigurosa: “Se ha argumentado que antes de 2003 existían penas de cárcel y que nunca se utilizaron. Sin embargo, antes de ese año la FNE no contaba con las atribuciones necesarias para generar pruebas contundentes respecto de la existencia de carteles”, dice.
Con relación a la delación compensada, asegura que el proyecto la garantiza, ya que el primer delator de un cartel quedará exento de ir a prisión. Algunos expertos han pedido que el segundo delator también pueda acceder a una rebaja de la pena. Hoy el proyecto solo reduce las multas para esta figura.
“Si uno entrega un beneficio a todo el que se pone en la fila, al final de cuentas ese incentivo se pierde. Es muy importante que el primer delator -que es el que entrega los antecedentes al fiscal nacional económico- sea quien pueda acceder a dicho beneficio”, puntualiza Céspedes.
 
Fuente: EyN