Alicia Gariazzo, Directora de CONADECUS
Decimos que nos tocó “bailar con la fea” cuando nos llevamos la peor parte de una situación, sin embargo “casarse con la fea” es diferente. Puede ser clave para el enriquecimiento ilícito, como fue el caso de Julio Ponce Lerou que ha ingresado en 2014 a los records de Forbes como uno de los más ricos del mundo, por su fortuna declarada de 3,3 billones de dólares. El lugar top, según cálculos 2011 de Forbes, lo tiene el Grupo Luksic, con US$19,2 billones. Así la viuda Iris Fontbona se sitúa entre las 20 mujeres más ricas del mundo. Si comparamos estas cifras con el Presupuesto de la Nación de nuestro país, que fue de 65 billones de dólares en 2013, podemos darnos cuenta de las magnitudes de las cuales estamos hablando.
El Señor Ponce tiene el don de la ubicuidad. Después del golpe de estado es Gerente General de la Corfo y decide sobre las privatizaciones. Es Presidente de SOQUIMICH, la empresa estatal que Corfo vendió con enormes pérdidas, según expertos, sólo por el hecho de haber sido vendida, ya que contaba con grandes utilidades. El yernísimo como Presidente y dueño de la Sociedad Monasterio se otorga a sí mismo el crédito BID-CORFO, desde la Corfo y también es el fiador del préstamo. La Sociedad no puede pagar, por lo que el Estado chileno acepta activos de menor valor, perdiendo UF20.000, según los expertos mencionados. Y así sucesivamente. Desde ese momento, Ponce nunca ha dejado de sorprendernos con su capacidad para el fraude y las negociaciones ilícitas.
Pero el negocio redondo en el que participó, el negocio madre del fraude del siglo, la base de sustento de los actuales grupos económicos, su capital inicial y su sistemático financiamiento actual, son las privatizaciones.
El proceso nos mostró que los actuales grupos no lograron el dinero con que cuentan con el sudor de su frente, sino con los recursos del Estado que tanto desprecian, especialmente cuando los fiscaliza, trata de limitar su codicia, o les cobra impuestos.
Los privilegiados del régimen se vendían las empresas, las compraban y se otorgaban créditos para comprar, que después no pagaban y que, finalmente, y como siempre, terminó pagando Moya, con la deuda subordinada, de la que aún quedan algunas cuotas.
Y nadie habla de esta vergüenza, pese al esfuerzo que hizo una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en 2003, presidida por el actual Senador Carlos Montes. La Comisión pasó sin pena ni gloria, pese a las denuncias que recibió, tales como el informe de la Contraloría General de la República que concluyó que gran parte de las empresas enajenadas fueron vendidas a un precio de venta inferior a su valor libro lo que implicó una pérdida de patrimonio público.[1]
Durante 1973 y 1990 se enajenaron y devolvieron 725 empresas y activos pertenecientes a CORFO, de las cuales 343 fueron devueltas a sus dueños por estar requisadas o intervenidas, 35 de ellas fueron privatizadas dos veces por haber sido afectadas por la crisis de 1982.
Antes de 1979, se implementó la contra reforma agraria, comenzada en el Gobierno constitucional de Eduardo Frei Montalva. Se entregó a privados 3.912 predios de 3.182.225 Hás. Alrededor del 30% de estas tierras fue devuelto a sus anteriores propietarios, y entre un quinto y un tercio se remató entre no campesinos.
Junto con la privatización de la tierra se traspasó al sector privado la infraestructura de la intermediación agrícola, la maquinaria e insumos, el mercado de capitales, las empresas agroindustriales y el mercado de aguas. Según el Código de Aguas de 1951 este recurso se consideraba un bien nacional de uso público, no pudiendo particulares gozar o disponer libremente de las aguas de regadío. El nuevo Código de Aguas de 1981 decretó que las aguas seguían siendo de uso público, pero sobre ellas se constituía el denominado “derecho de aprovechamiento”, lo que permite a un particular su uso, goce y disposición, es decir puede transferir libremente el bien sin contemplarse un uso específico ni su caducidad.
En 1983, el Banco Mundial informa que el 70% de las empresas privatizadas quebró por falta de capacidad de los compradores o debido a la crisis de 1982.
“Esto permitió que los grupos económicos usaran empresas y bancos adquiridos con anterioridad para comprar otras firmas, posiblemente también compradas con deuda, endeudándolas más para adquirir una nueva empresa licitada. Al mismo tiempo las condiciones de venta permitieron que los compradores se endeudaran con CORFO, pagando al contado un porcentaje relativamente pequeño. Todo esto culminó en un endeudamiento generalizado que llevó a que las empresas se encontraran en una situación financiera precaria con altas relaciones deuda/capital”.[2]
Durante los años 70 y principios de los 80, muchos inversionistas, incluyendo algunos de los conglomerados más endeudados, “capitalizaron” los pagos de intereses sobre sus deudas. Esta deuda subió varias veces por la compra de las empresas estatales y el proceso de monetización de activos. En el período 85-89 se usó la licitación sólo en el caso de la venta de algunas empresas menores y así los conglomerados nacionales adquirieron las empresas más grandes; los inversionistas extranjeros adquirieron las compañías de seguros y las restantes fueron adquiridas por inversionistas individuales o fondos de pensiones.[3] Posteriormente cuando la Concertación continuó privatizando, los responsables informan que lo hicieron con licitaciones.[4]
Ponce Lerou se casó con la fea, pero esta no ha dejado de bailar, con la mayoría de los chilenos, nunca más.
