El pasado 7 de marzo, ambas empresas coludidas en el mercado del papel tissue hicieron su alegato final. Dos versiones encontradas y un sinnúmero de contradicciones que atentan contra la verdad. El destape de la grave denuncia contra D&S, la polémica indiferencia del Fiscal Nacional Económico frente al arriesgado recurso de los suecos para enfrentar a la papelera, y Gabriel Ruiz-Tagle libre hasta ahora de polvo y paja, pero con muchas aristas que ponen en duda su versión de los hechos. Entre los más reveladores está el testimonio de uno de sus propios ejecutivos y quien ahora le maneja su fortuna personal. En juego hay cientos de millones de dólares. En los próximos 3 meses, el TDLC deberá determinar la verdad que logró extraer del entramado jurídico que las coludidas y el fiscal tejieron.
El 7 de marzo pasado, culminó la última fase del histórico juicio por la colusión ocurrida durante una década en la industria chilena del papel tissue. CMPC, empresa de la familia Matte que controla más del 75% del mercado, se autodelató ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en abril de 2015 y, en octubre de ese año, este organismo hizo público el requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el ente superior de la institucionalidad del área.
Tres semanas antes de que se anunciara dicho requerimiento, el otro involucrado en la colusión, la firma de capitales suecos SCA, había concurrido a autodelatarse en segundo lugar (en agosto, la FNE ya le había asignado el beneficio principal a CMPC), pero asegurando que el cartel no existió por el periodo que señalaba CMPC (2000 a 2011), sino por la mitad, desde 2006, cuando Gabriel Ruiz-Tagle –que en 2014 asumiría como ministro del Gobierno de Sebastián Piñera– tenía el 50% de la propiedad, pues la otra la había vendido en 2003.
Ese 7 de marzo, abogados de la papelera, SCA y el titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, hicieron su alegato final, luego de casi un año y medio de juicio. Durante el primer semestre, el TDLC deberá emitir su fallo y determinar la verdad que logre extraer del entramado jurídico que las empresas coludidas y el fiscal tejieron en sus actuaciones ante el tribunal.
Porque el caso es atípico. Nunca dos autodelatadas se habían contradicho tan groseramente entre sí y, en medio de esa discordancia, la FNE tomó partido –asignó el beneficio de la delación compensada en primer lugar a CMPC (100% de la multa final) y en segundo lugar a SCA (50%), pese a que su autodelación refutaba la otra “verdad”– y dejó en manos del tribunal dilucidarlo.
Pero, además, en la jornada de la audiencia final previa al fallo, SCA sacó un as de la manga: ese día el abogado de la papelera sueca, José Joaquín Ugarte, presentó un documento que –según él– revelaba una supuesta colusión entre 2003 y 2005, que habrían protagonizado CMPC y la que en ese momento era la mayor cadena de supermercados del país, D&S, holding cuya propiedad estuvo en manos de la familia Ibáñez –que posee la Universidad Adolfo Ibáñez– hasta 2013, cuando la vendió a la estadounidense Walmart.
Ugarte reveló un documento que muestra un supuesto acuerdo comercial entre las dos firmas, donde se definían precios, posicionamiento de mercado y una serie de medidas para fundir competidores, de similares características –de acuerdo a la denuncia de SCA– a las adoptadas por el cartel entre CMPC y SCA desde 2006.
El argumento de Ugarte es que, dado que existía ya un cartel entre la Papelera y D&S durante 2003 y 2005, es inverosímil que la colusión con SCA existiera desde el 2000, por lo tanto, gana fuerza la versión de su cliente: que tal colusión comenzó en 2006.
Si existió o no ese cartel, al menos de lo que deja este juicio, nunca se sabrá. Una empresa que manejaba casi el 40% de las ventas de supermercados de ese momento y otra que representaba dos tercios de productos de consumo básico de la población –papel higiénico, pañuelos desechables, toalla de papel– habrían manipulado el mercado para contener la competencia.
La ausencia de diligencias para dilucidar dicha arista la dejó al margen del caso central, y los medios, que nunca habían revelado esos documentos –ingresados al expediente en mayo de 2016– solo le dedicaron un día de noticias para luego dejarla en el olvido.
Las cartas sobre la mesa
Las versiones de CMPC y SCA sobre la realidad de lo ocurrido chocan de frente. Alguien miente. O quizás ambos.
El abogado Cristóbal Eyzaguirre, del estudio Claro y Cía., desplegó medio centenar de láminas para resumir su tesis sobre la colusión. Que partió en 2000, que surgió luego que D&S arrasara en el negocio de tissue con su marca propia aCuenta, que le fabricaba barato Pisa (ahora SCA).
D&S, en ese momento controlada por la familia Ibáñez, les quitó casi dos de cada diez pesos del negocio en un par de años, ofreciendo un producto abiertamente más barato que la competencia de los Matte, factor clave en productos de consumo básico, donde la papelera ha liderado la industria.
Ruiz-Tagle ha reconocido las reuniones. Nada nuevo, pues casi todos quienes fueron señalados por el hoy polémico requerimiento de la FNE, de octubre de 2015, lo hicieron. Pero dio declaraciones confusas ante el TDLC y los abogados de SCA lo bajaron a última hora de la citación que le hicieron y no testificó. Pese a lo cual, luego los abogados lo citan profusamente como testigo clave para remarcar su línea de defensa.
La sueca SCA, la más grande productora de tissue en el mundo, busca convencer a los ministros de que la colusión con CMPC solo existió entre 2006 y 2011 y que, pese al poder de su matriz, estaba siendo intimidada –coaccionada– por un actor de segundo orden en ese momento en el mundo, pero que en Chile desplegaba poder en las góndolas.
La estrategia legal de SCA ha sido demostrar que el período de colusión abarca la mitad de lo señalado al respecto, para evitar una multa grande y un difícil escenario que se abriría en el terreno de demandas indemnizatorias si pierde el juicio en el TDLC, más aún si no logra comprobar su acción pasiva en el cartel. Sernac, de hecho, ya la demandó colectivamente. En juego hay cientos de millones de dólares.
Eyzaguirre apuesta a demostrar que eran más malos que lo que reconoce Ugarte, que estuvieron el doble de tiempo saltándose las reglas del libre mercado –que propugnaban sus dueños desde el Centro de Estudios Públicos (CEP)–, controlando precios y distribuyéndose la torta de papel que les venden a los chilenos.
Tiene a su favor la capciosa contradicción de haberse delatado motu proprio ante el fiscal Irarrázabal, acusarse por el doble de tiempo que aceptó su compañero de acuerdos y la no existencia de un relato alternativo que explique su voluntad de reconocer delitos y tiempos, que le significan multas mucho mayores.
Tiene en contra su enorme poder de mercado hacia fines de la década de los 90 y algunas revelaciones efectuadas por SCA, que ponen en duda parte del relato de su autodelación. Además, CMPC ha sabido usar en su favor las reglas de la legislación que regula la competencia en el modelo chileno y la figura de la “delación compensada”, que es relativamente nueva en la legislación del país.
Esa figura ha permitido que la defensa de CMPC pague millonarias indemnizaciones y sueldos a los ejecutivos que, según Eyzaguirre, lideraron el cartel a espaldas de los dueños y un directorio –encabezado por Eliodoro Matte Larraín–. El patriarca de la familia reconoce total incompetencia al alegar que fueron engañados por más de una década por gerentes y ejecutivos, con jugosas ganancias corporativas de paso. Para ponerlo en perspectiva, en el acuerdo con el Sernac, el Grupo Matte acordó pagar US$150 millones. Eso equivale a $7.000 para cada mayor de 18 años del país. Les mejora el discurso con las pérdidas sufridas en 2016 para una firma que, en un año, ganaba más de lo que devolvió en el acuerdo con el Gobierno.
La FNE les requirió, a CMPC y a los ejecutivos que se autodelataron, mantener reserva del caso y la Papelera recibió la anuencia para que, en beneficio de la justicia, se les pagara a tales ejecutivos cada mes por colaborar con la investigación. Coincidencia o no, todos ellos relataron la historia que la empresa ofreció.
Es la misma historia que la Fiscalía, liderada por el ex socio del estudio de abogados Phillipi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner, pareció asumir como propia el 27 de octubre de 2015, cuando dio a conocer su requerimiento.
En él, como pudo demostrar la revelación del expediente y en particular el alegato de SCA, Irarrázabal redacta párrafos completos sostenidos sobre declaraciones de los ejecutivos que CMPC aportó, delatándose como únicos responsables.
Así lo revela la cita de parte del requerimiento, incluido por SCA en su alegato final. En él, Irarrázabal relata que, a mediados del 2000, Ruiz-Tagle y Morel se reúnen “en más de una oportunidad en el restaurante Las Brisas de Chicureo”. Allí –continúa– “acordaron subir los precios poniendo término a la guerra de precios existente, y en adelante mantener estables las participaciones de mercado de CMPC y Pisa en el negocio masivo (…)”.
Detalla que luego se hicieron al menos tres reuniones más para implementar el acuerdo, en la “bomba alemana”, el cuartel de bomberos de Apoquindo 8.115 en las Condes y que, además de los dos aludidos, aistieron Cecilia Haberle, gerente comercial de CMPC de entonces y hasta 2005, y Miguel González, de igual cargo en Pisa.
Cecilia Haberle y los ripios de SCA
Cuando CMPC se autodelata, Haberle ya llevaba una década fuera de la compañía y como alta ejecutiva en otra firma local. Al ser nombrada en el requerimiento y sin tener los “beneficios” de los ejecutivos autoinculpados de CMPC, Haberle vio frenarse su carrera profesional.
Tanto ella como González negaron haber sido parte de una colusión y la ejecutiva protagonizó uno de los momentos más escabrosos del juicio el 15 de septiembre de 2016, casi dos años después que la FNE iniciara la investigación y un año desde que la citaran como protagonista de las reuniones que germinaron en uno de los más escandalosos carteles económicos de la historia de Chile.
Ese día, relata con detalle un artículo de Qué Pasa, la ex gerente comercial y ex ayudante en la universidad del histórico gerente general de CMPC, Arturo Mackenna –y vicepresidente de CMPC Tissue en el período colusorio–, se vio asombrada por las preguntas del abogado de Claro y Cía., que indagaban sobre una reunión que el abogado de Haberle había tenido minutos antes con representantes de la Papelera. Eyzaguirre sorprendía ingresando un escrito en que denunciaba extorsión de Cecilia, quien habría amenazado con duras declaraciones contra la empresa si no recibía indemnización.
Con el telón de fondo de su idoneidad cuestionada, Haberle negó ese día la veracidad de la denuncia de CMPC ante la FNE, ocurrida en marzo de 2015. Y, de paso, del requerimiento de la Fiscalía de octubre del mismo año.
Sin identificar la fuente, Qué Pasa indicaba que cercanos a CMPC referían en privado que fue Irarrázabal quien incluyó a Haberle en el requerimiento y que ellos solo pasaron las toneladas de información que habían obtenido en 7 meses de investigación interna. Pero la realidad indicaba que la única ejecutiva de CMPC nombrada en el requerimiento, además de Morel, nunca aceptó haber sido parte de una colusión y la FNE no movió dedos para citarla a declarar.
Más engorroso es el caso de Miguel González, la contraparte de Haberle en Pisa (SCA). Figura en correos de 2004, donde se aborda lo que parecen claros intercambios de ejecutivos que coordinaban acciones colusorias, como lo declara CMPC pero lo niegan SCA y Ruiz-Tagle.
En otro de los correos la situación es tragicómica. CMPC alude a una alineación de precio con “MG”. La Papelera lo identifica como Miguel González, pero desde SCA lo explican como una confusión. La aclaración sería de la propia Haberle, quien aseguraría que se refería a otra persona.
Las evasivas de SCA
La similitud del requerimiento de la FNE con la delación de CMPC es evidente. En parte se ganó el trato. El 3 de abril de 2015, la FNE envió a SCA y CMPC un oficio anunciando la apertura de una investigación por posible colusión, pidiendo información interna desde el año 2010.
La Papelera tenía tiempo ganado. Según informaron CMPC y la FNE, en junio de 2014 la compañía se enteró de la investigación por posible colusión en Perú que la involucraba. Entonces comienzan a investigar y el 4 de agosto de ese año informan a la FNE. Allí descarta que se estuviera replicando algo así en Chile.
En febrero de 2015 –indica CMPC–, se entera de algo similar a Perú en Colombia, volviendo a informar a la Fiscalía y a investigar internamente. Dice la defensa de la Papelera que, al mes siguiente, un ejecutivo confiesa la colusión y que por eso el 27 de marzo se autodelatan ante Irarrázabal.
Sostiene que el mismo día se informó al directorio y se hizo lo mismo, de manera reservada, a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), lo que también generó polémica en su momento .
Por eso la FNE informa a ambas empresas, el 3 de abril de 2015, que está investigando una posible colusión. CMPC duerme tranquila. Al delatarse primera, recibirá el respaldo de la Fiscalía ante el tribunal, al requerirle la recomendación privilegiada de exención de la multa al final del juicio que en ese momento ya avizoraba.
SCA se mantuvo en silencio –investigando sin lograr la confesión de ningún ejecutivo, según su versión–, incluso cinco meses después que, con fecha 25 de septiembre de 2015, viera allanadas e incautadas sus oficinas. Tampoco reaccionó el 2 de octubre cuando la Fiscalía envía un segundo oficio citando a declarar a Ruiz-Tagle y al ex ejecutivo de SCA y ahora profesional a cargo del family office del empresario, Falipe Barahona, adjuntando asimismo el manual de delación compensada, última señal inequívoca de que, si quería autodelatarse, se hacía tarde. Y el mismo día la FNE le recuerda que la investiga por colusión.
SCA afirma que desde que supieron, en abril de 2015, comenzaron a investigar y que CMPC tardó un lapso similar. Pero a SCA le salpican los dichos del propio mano derecha de Ruiz-Tagle. Cristóbal Eyzaguirre, abogado de CMPC, se encarga de evidenciarlo en su alegato final del 7 de marzo pasado.
Allí muestra el texto de parte del testimonio de Barahona, donde alude al interrogatorio que entre junio y julio de 2015 le hicieron abogados al interior de la compañía, en el marco de la investigación interna que llevaban a cabo en SCA, dos meses antes que el 27 de septiembre acudiera el ex ejecutivo de esta última, Eduardo Hola, un nombre clave en el origen de la colusión.
Ese 27 de septiembre, Hola niega ante la FNE que hubiera existido la colusión. Sin embargo, cuando Barahona declara, recuerda que –interrogado por los abogados a mediados de 2015 en SCA– reconoció la colusión.
Es decir, los palabras del ejecutivo ponen en franco cuestionamiento a la empresa, que solo se autodelata el 7 de octubre de 2015, pese a que dos o tres meses antes el propio Hola les había reconocido el delito. “Debe ser una lapsus de Hola”, replican cercanos a la sueca, con poco que agregar para explicar la inconsistencia de lo ocurrido.
El factor Irarrázabal
SCA solo se autodelata el 7 de octubre de 2015 y sorprende a la FNE afirmando que hasta 2005 no hubo colusión, que desde 2006 partió el cartel. A la vez, acusa a CMPC de ser el ‘matón del barrio’ que los coaccionaba con amenazas y sanciones económicas si no cumplía su rayado de cancha.
Pero para Irarrázabal la tesis de SCA resiste 20 días.
El 27 de octubre da a conocer su requerimiento sin interrogar a Cecilia Haberle ni a Miguel González –a los que identifica en su relato fundamentalmente a través de lo descrito por Jorge Morel, el máximo ejecutivo de CMPC Tissue en la autodelación–.
Su acusación fija el comienzo de la colusión en el 2000 y sostiene que fue un acuerdo entre ambos, como declara la Papelera. A esas alturas el fiscal toma la decisión de seguir adelante con la tesis de CMPC y presenta en público una delación compensada con versiones antagónicas de los participantes. Idea que es criticada duramente por fuentes cercanas a las dos compañías.
“La FNE debió seguir investigando. Al aceptar como válidas ambas delaciones, validó la duda. Debió citar más gente a declarar, hacer careos, para despejar la duda. ¿Por qué no lo hizo? Si era lo racional, lo obvio. Mi tesis es que el fiscal se engolosinó con un caso grande, quiso sacarlo rápido, se apuró”, afirma un cercano al caso.
Una vez que la máxima autoridad de la FNE publica su requerimiento, las posibilidades de revisar su tesis de cara al juicio ante el TDLC bajan. Presentarse reconociendo dudas sobre su relato inicial, tras haber dado menos de tres semanas para confirmar o descartar la delación de SCA, lo dejaría en aprietos. Pero el objetivo no era ese: la Fiscalía es pragmática, organismo ‘técnico’ que busca detener una mala práctica entregando para ello exclusión de sanciones si determina que hay colaboración.
En su alegato del 7 de marzo pasado, Irarrázabal se focaliza en ‘su caso’. Algunos antecedentes aislados, las declaraciones de los autodelatados de CMPC y un par de datos consistentes, configuran el plazo de inicio de la colusión en el 2000. Aunque no discute en detalle la coacción, apunta reiteradamente al acuerdo que rodeaba la relación de CMCP y SCA, aunque para este último punto alude en general a comunicaciones posteriores a 2005.
Y con todo, aunque en lo formal no consideró a SCA, en su requerimiento al TDLC hizo algo inédito en estas contiendas, al citar el articulado que advierte que el otorgamiento de la delación compensada está sujeto a que la información revelada sea verdadera. Una tácita cobertura ante el eventual escenario de que el próximo fallo del TDLC discrepe de su tesis inicial y cuestione la versión de CMPC.
SCA dispuso una buena carga de pruebas respecto a que CMPC podría haber sido el capitán del cartel –aportadas fundamentalmente por Hola–, cuando entregó 12 correos donde la Papelera elabora listados de precios, monitorea su cumplimiento y hace algunas advertencias poco educadas para que se alinearan con el cartel. CMPC ironiza con las frases citadas en algunos correos, como cuando esta le ‘solicita’ ajustarse al acuerdo de precios. Pero SCA tiene otro correo donde el tono es maduro y la advertencia es abierta, recordándole, la Papelera, que no se queje después.
En su alegato en la audiencia final, la sueca relata que CMPC ocultó esta información en su delación compensada, buscando con esto hacer caer el cumplimiento de condiciones de veracidad de la Papelera para la exención de la multa. Fuentes cercanas a la compañía de Matte reconocen los antecedentes, pero –al igual que lo que alega SCA– advierten que en su investigación interna fue muy difícil conseguir la confesión y que la búsqueda de información hacía complicado acceder a los correos, pues estaban en cuentas externas falsas y los autodelatados no recordaban contraseñas ni usuarios.
La investigación abarcó a un grupo de personas que tenía un pacto de silencio. La forma de romperlo fue poner presión, con lo que comenzaron a confesar información que tenía 15 años, donde habían eliminado información y borrado computadores. Se investigó a fondo y todo lo que se encontró fue entregado a la FNE. “¿Está toda la información de las pelotudeces que hicieron? No. Es lo que se pudo rescatar”, dicen cercanos a CMPC.
¿Un megacartel prescrito?
Los casos que llevan a tribunales a grandes empresas, y en particular los vinculados a temas de libre competencia, congregan a la flor y nata de los estudios de abogados.
Nada queda al azar. Cada actuación legal de los involucrados en estos casos se mide milimétricamente, para no perder la consistencia de su relato. Pero también para aprovechar las hendijas de la normativa y dar forma a sus estrategias legales.
El día de la audiencia, el 7 de marzo, José Joaquín Ugarte desplegó profusamente un antecedente que no se había filtrado aún a la opinión pública, pese a que yacía en el expediente desde mayo de 2016.
Un supuesto acuerdo comercial que incluye como suscritos a CMPC y la compañía que en ese momento lideraba el mercado de las ventas de supermercados, D&S.
Ese mercado, denunció SCA hace menos de un mes, tenía como protagonista –con casi el 40% de las ventas– a la empresa que en ese momento (comienzos de la década pasada) era propiedad del excéntrico millonario Nicolás Ibáñez Scott, quien junto a su hermano vendió la firma en US$ 1.500 millones a la líder mundial, la estadounidense Walmart.
Hoy Ibáñez invierte selectivamente y dedica parte de sus recursos a financiar el centro de estudios que lidera el economista Axel Kaiser, Fundación para el Progreso.
Ibáñez dejó la gerencia general en 2003, cuando La Nación publicó un reportaje que revelaba las disputas maritales con su esposa, que terminaron con denuncias de violencia intrafamiliar ante Carabineros. En su reemplazo asumió su primo Cristóbal Lira, quien se quedó hasta agosto de 2004, cuando se independizó y, de paso, comenzó a acercarse a la política. En 2014 asumió en el equipo de La Moneda, liderando la Subsecretaría de Prevención de Delitos.
El contrato que reveló SCA fue la portada de los medios el 8 de marzo pasado. Todos mostraban sorpresa frente al antecedente y se citaban fuentes cercanas a CMPC que cuestionaban duramente a Ugarte y su equipo. Aunque fue la defensa de SCA la que había tenido una dura disputa con CMPC entre abril y mayo de 2016, en pos de que se revelaran los contratos con retailers de la Papelera, en el juicio dedicó pocas diligencias para corresponder a la importancia que terminó asignándole durante el cierre del caso.
Poco elegante, decían, porque esta arista, así de ampulosamente desarrollada ante los ministros del tribunal, debía ser presentada como escrito e ingresada al expediente. Y, claro, SCA había hecho el trámite que formaba parte del juicio-denuncia tan grave unos días antes de la audiencia final, sin dar espacio a su desarrollo en autos.
No era casual. Los avezados litigantes corporativos de los estudios eligen los momentos para apretar las clavijas y cuándo guardar el instante de anotar.
SCA tenía buenos argumentos para lanzar al frente a D&S. El contrato revelado –y que hábilmente Ugarte recuerda que tampoco fue entregado por CMPC en su autodelación– contiene detalles que, leídos hoy, causan escozor.
Un detallado modelo preparado por CMPC para controlar precios, marginar a competidores y asegurar porcentajes del mercado. Si SCA decía la verdad, Nicolas Ibáñez tendría que explicar la coherencia de un empresario liberal en el discurso, pero posiblemente coludido en el negocio.
Pero no fueron necesarias las explicaciones. Describe Ugarte ante los ministros, el 7 de marzo pasado, con detalle las características del acuerdo y sus sorprendentes coincidencias con el cartel que luego los involucraría a ellos.
El abogado ataca duramente al fiscal Irarrázabal. El escrito no ahorra palabras para el jefe de la FNE. “El requerimiento de autos es, posiblemente, el libelo presentado por la FNE ante SS.H. que tiene menos antecedentes y análisis económicos que le sirvan de respaldo. Ello, pese a la relevancia que la prueba económica está llamada a tener en este tipo de procedimientos y, especial, cuando existen versiones contrapuestas”, detalla.
Y luego lo critica por no seguir la hebra de D&S. “Sin perjuicio de dicha gravísima omisión de CMPC (de no entregar el contrato con D&S), resulta en todo caso sorprendente que la FNE no haya inquirido acerca de esa relación (y, en general, de la relación de CMPC con los retailers), y que haya basado una parte muy extensa del caso que ha planteado en autos (ni más ni menos que 6 años de supuesta colusión, entre los años 2000 y 2005) fundándose solamente en las declaraciones de CMPC”, plantea.
Y es que Irarrázabal pareció no mostrar interés en hurgar en las fauces de D&S para averiguar si efectivamente estuvo controlando el mercado del tissue con CMPC. Si el interés común de revelar la verdad está sostenido en la ley, el fiscal debió haberse preguntado si no era real esa arista, pues un posible tercer actor en el cartel y representante clave del negocio aguas abajo del tissue, pudo haber modificado sustancialmente el megacaso.
La explicación más certera que sostiene la actuación del fiscal apunta a la antigüedad del convenio de CMPC y D&S y la imposibilidad legal, por la prescripción, de sancionarla. Sin embargo, cercanos a SCA advierten que para el caso sería clave haber auscultado dicho convenio.
Este medió planteó estas y otras dudas a la FNE; sin embargo, la entidad indicó que, por no haber terminado el juicio, se abstendrá de hacer comentarios.
El jabonoso Ruiz-Tagle
Pero CMPC alcanzó a saber –por el escrito de SCA– de la jugada de Ugarte.
Eyzaguirre discutió abiertamente la idoneidad del testimonio usado por SCA para evidenciar las prácticas colusivas que, al parecer, concretaba hace 15 años y que la habían llevado a tocar la puerta de Cristóbal Lira en D&S.
El ex DyS –que niega haberse coludido– reconoce que CMPC ya le había invitado a firmar acuerdos de exclusividad. Además, deja instalada la duda sobre la Papelera y luego pone cifras. Lira confirma que cuando lanzan a comienzos del 2000 sus marcas propias, aCuenta gana varios puntos de mercado por los “bajos precios”. En ese momento, recuerda Pisa (SCA), ellos le fabricaban el producto a la firma de Ibáñez y, por ende, era imposible que al mismo tiempo estuviera coludida con CMPC, como le imputó la FNE en octubre de 2015.
Los abogados de SCA usan también a Lira para que este remarque que aCuenta definía el precio de sus productos solo. Esto, para refutar que Pisa –en ese momento del ex controlador de la concesionaria de Colo-Colo– manipulara los precios en acuerdo con CMPC.
Pero Eyzaguirre pone en duda su declaración. En su alegato advierte que Ruiz-Tagle gestionó la testificación de algunas personas claves en el relato de SCA para su defensa.
Las palabras del abogado apuntan a Lira.
“Ruiz-Tagle, como se estaba defendiendo en sede penal, comentó que tenía este testigo y se le pidió su testimonio”, dicen cercanos a SCA, minimizando el hecho.
El ex ministro de Piñera ha salvado sin llagas legales el caso hasta ahora. Desde el principio ha alegado que no conoció de colusión y ha asegurado que, hasta 2005, puede dar certeza de que no hubo acuerdos anticompetitivos.
Sin embargo, sus declaraciones no son plenamente convincentes, ni para la fiscalía ni para la Papelera.
¿Cómo es posible que una empresa que está sufriendo millonarias pérdidas por la presión que le ejercía CMPC le vendiera en casi US$ 140 millones la compañía?, se preguntan fuentes vinculadas a la Papelera, que cuestionan la tesis de que Pisa no fue parte del cartel entre 2000 y 2005, como sostiene.
Asimismo, hay antecedentes que lo complican. Reconoció las reuniones en Chicureo que los ejecutivos de CMPC autodelataron en marzo de 2015 ante la FNE, pero aseguró que eran solicitadas por la empresa de los Matte y que en ellas Morel presionaba para que reclamaran a D&S y se subieran los precios de aCuenta, que producía Pisa, pero que nunca acordaron precios.
La versión de la FNE y CMPC se torna sólida cuando revelan planillas de cálculos que incluyen a Cecilia Haberle, donde se analizaban los costos y precios de aCuenta.
Haberle –siguiendo el relato de SCA y Ruiz-Tagle– explica que son análisis de costos de aCuenta que realizaron con Pisa, para determinar si la marca propia de D&S vendía bajo el costo, producto de la preocupación que tenía CMPC –señalaba Haberle– por la pérdida de mercado que le estaba propinando D&S y que iba en contra de las órdenes de la alta administración de la Papelera, que les había encargado llegar al 75% del mercado y mantenerlo.
“Lo que hace SCA es tratar de decir que CMPC era el ‘matón del barrio’ y que se andaba coludiendo con todos, pero las evidencias comprueban que hubo participación de Pisa antes de 2006”, sostienen fuentes cercanas a CMPC.
Pero Ruiz-Tagle sigue limpio pese a la polémica que generó la actuación de Irarrázabal, que no efectuó requerimientos contra el empresario UDI.
Y es que el rol en el caso no es anecdótico. Ruiz-Tagle tiene un family office, que gestiona su fortuna. Al momento de estallar el escándalo del tissue, estaba a cargo de manejar esos dineros Felipe Barahona, uno de los dos ejecutivos claves que reconocieron participación en la colusión.
Barahona era la mano derecha de Ruiz-Tagle. Dos años después que en 2003 vendiera el 50% de la propiedad a SCA y, en acuerdo con esta, Ruiz-Tagle lo designó como gerente general de la firma.
SCA reconoció la colusión desde 2006 y Barahona estuvo allí hasta 2012. Coincidentemente, en 2013, el propio Ruiz-Tagle –que en 2012 había vendido el 50% restante de Pisa– invitó a Barahona y este se fue a manejar sus US$ 200 millones de patrimonio.
La propia sueca aportó a las dudas en diciembre de 2015 –pasados dos meses del requerimiento de la FNE–, cuando insistió en su tesis de que la colusión no existió sino desde 2006 y delegó la responsabilidad de la administración de la empresa a Ruiz-Tagle.
Si el TDLC termina confirmando la tesis de CMPC de que la colusión partió en 2000, se dará la paradoja de que Ruiz-Tagle salga ileso, pese a haber manejado Pisa hasta 2012.
Y si SCA triunfa en su hipótesis de que la colusión partió en 2006, igualmente quedará para siempre la duda de cómo se encuentra en la declaración de esta empresa, que indica que Ruiz-Tagle manejó la compañía hasta 2012 y que, junto con ello, uno de los ejecutivos claves del cartel, que lideró la firma de 2005 a 2012, acabó invitado por el propio Ruiz-Tagle para invertir sus US$ 200 millones de patrimonio.
¿Morel retrocede?
Pero Ruiz-Tagle no solo aportó al caso con forzar el testimonio de Lira.
Su careo con Jorge Morel, gerente del negocio del tissue de CMPC, dejó novedades en un Tribunal de Letras en Colina.
Ese tribunal pretendía investigar el caso cuando aún la Suprema no negaba al Ministerio Público el acceso al expediente. Esa decisión del máximo tribunal hizo naufragar la posibilidad de que la justicia ordinaria abordara el caso, escenario alarmante para cualquier gran empresa que pudiera ser investigada en dicha sede.
Ante el tribunal de Colina, Morel reafirma que en la reunión en Chicureo, a comienzos del 2000, acordaron precios con Ruiz-Tagle. Este niega aquello y los enfrentan. Ante el empresario, Morel retrocede y señala que no puede decir que con él hubieran acordado precios, agregando que no lo recuerda.
Ese careo también es clave para SCA, pues –aseguran– por sí solo evidencia la debilidad de los antecedentes presentados por la FNE para justificar que hubo colusión antes de 2006.
Si mintió Morel, si lo hizo Ruiz-Tagle, la duda permanecerá. Si el empresario fue protegido por SCA en el caso y si CMPC fue beneficiada por el apresuramiento de Irarrázabal por acusar, son interrogantes que dejará el caso más escandaloso de colusión de las últimas décadas. Si D&S también se coludía y si la empresa de los Ibáñez manipulaba el mercado, tampoco será conocido.
Son las reglas de la libre competencia.
Fuente: ElMostrador
