En Términos de Concentración es Especialmente Preocupante el Sector Supermercadista

La directora de Espacio Público, ex ministra titular del TDLC, y directora del magíster en economía aplicada a políticas públicas de la U. Alberto Hurtado, Andrea Butelmann, evaluó la situación de la institucionalidad pro-libre competencia y los cambios anunciados por el gobierno. Aseguró que necesitamos “instituciones antimonopolios más fuertes, con mayores atribuciones y más valientes que en países con mercados más amplios”.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el funcionamiento de la libre competencia en nuestro país?
Chile tiene una muy buena institucionalidad para promover la libre competencia. Ello no implica que no existan problemas, puesto que en un mercado pequeño tiende a haber gran concentración y, con ello, se debilita la competencia incluso aunque no se incurra en prácticas sancionables. Más aún, la adopción de tecnologías de la información incrementa el tamaño óptimo de la empresa, con lo que disminuye el número de ellas en el mercado y, si bien aumenta la eficiencia, se agrava el problema de competencia.
¿Cómo se enfrenta esta realidad?
Esto obliga a crear instituciones antimonopolios más fuertes, con mayores atribuciones y más valientes que en países con mercados más amplios. Solía existir la confianza en que, por ser Chile un país abierto al comercio internacional, no tendría problemas competitivos en la gran mayoría de los sectores económicos. Pero eso es cada vez más difícil de afirmar, puesto que la concentración en algunos eslabones de la cadena de valor no están disciplinados por el comercio internacional. Me preocupa especialmente el sector supermercadista, porque su grado de competencia no sólo afecta en forma directa a todos los consumidores, sino que condiciona el grado de competencia a nivel de sus proveedores, que es una parte importante de la industria en Chile.
 ¿Qué cambios debiesen impulsarse en la institucionalidad?
Hay cambios obvios, y a esta altura compartidos por todos, como la obligación de notificar las operaciones de concentración o fusiones. Esta notificación no puede seguir siendo voluntaria, puesto que empresas que obviamente deberían consultar, han evitado hacerlo. También está claro que el tope máximo de las multas, en algunos casos en que se castiga a grandes empresas, no alcanza a ser disuasorio de las conductas reñidas con la libre competencia y, por otro lado, son topes muy altos para empresas más pequeñas que podrían irse a la quiebra si el tribunal no es suficientemente juicioso. Los topes de multas, en todos los países desarrollados, se establecen en función de las ventas de las empresas y no como en Chile, que son topes absolutos.
 Los cambios que propone el gobierno incluyen nuevas atribuciones para la FNE y el TDLC, ¿qué virtudes y riesgos ve en lo planteado?
No veo grandes riesgos. Como ya dije, entre menor el tamaño del mercado, más fuerte la institucionalidad de la libre competencia que se requiere. Ahora, el diablo siempre está en los detalles y todavía no hay un proyecto de ley para analizar. En todo caso, me preocupa que la FNE pueda entrar en negociaciones de condiciones con los actores interesados en fusionarse sin que estas condiciones sean analizadas y visadas por el tribunal. Siempre va a ser más transparente una decisión tomada por un cuerpo colegiado.
Hoy no se observan incentivos para utilizar la delación compensada, ¿hacia dónde se debe avanzar en ello?
Primero debiese aclararse que el artículo del código penal que ha utilizado el Ministerio Público en los casos de colusión no se refiere a temas de colusión. Luego, si se optase por que la colusión fuese un delito penal, se debe incluir la exención de tal pena en los beneficios de la delación compensada. Recién ahí podemos enfrentarnos a la posibilidad de que funcione esta modalidad en materia de colusiones. Siempre queda la duda de si en un país pequeño y de alta concentración económica va a haber suficientes casos en que alguien se atreva a delatar y sufrir las consecuencias sociales y económicas que ello le puede provocar. Es interesante notar que en Corea del Sur, por ejemplo, se compensa la delación no sólo con rebaja de penas sino que, además, hay compensación monetaria. Por otra parte, dado que se contemplan en el programa castigos más efectivos para las personas –no sólo las empresas- involucradas en atentados a la libre competencia, ello también incidirá en el interés en delatar y, lo más importante, en los incentivos a portarse bien.
¿Qué le parece la discusión que se ha dado en torno a elevar los sueldos dentro de las citadas instituciones?
Yo entiendo que el alza vendría atada con la dedicación exclusiva de los ministros del tribunal. Es importante tener a los mejores profesionales ahí, puesto que los temas no sólo son complejos sino que dinámicos. Además, existen muchas incompatibilidades al dejar el cargo que se podrían depurar -sin comprometer la necesaria independencia y objetividad – para que mejoren las expectativas posteriores de renta. En el caso de la FNE, los sueldos de entrada o para profesionales jóvenes son suficientemente atractivos, pero no es el caso para profesionales con postgrados y más experiencia. Ese tema también debería revisarse.
 Estrategia, 24 Junio 2014