La influencia de la élite empresarial en la política y la legislación

Hernán Calderón
Presidente CONADECUS
Sin duda el caso Penta, su arista Soquimich y su relación con el financiamiento de campañas políticas debería ser el inicio de la transparencia total en este ámbito, si tomamos los recientes acontecimientos como una oportunidad para terminar con éstas prácticas. La ciudadanía está impactada y frente a lo conocido hasta ahora no podemos quedarnos conformes.
Lo que comenzó afectando a un partido opositor hoy está salpicando a la NM, quedando en evidencia la transversalidad política de estas prácticas. En este marco, se hace necesario transparentar el financiamiento entregado no sólo por Penta y Soquimich, sino que todos los holdings, empresas y particulares que entreguen sus aportes a partidos y candidatos.
Después de conocerse la envergadura del caso Penta, quedó en evidencia y con total claridad que el poder económico de la élite empresarial ha dominado la política y con ello condicionado el mercado y la competencia. El caso Penta y SOQUIMICH no son fenómenos aislados, ya que este tipo de aportes a los diferentes sectores políticos es una práctica generalizada. Además, a través del lobby estos grupos económicos han impedido se establezcan reglas, normas y medidas correctivas que favorezcan a las grandes mayorías.
La elite empresarial a través del lobby  y financiamiento a los partidos, tiene una incidencia fundamental en la falta de voluntad política para corregir las fallas del mercado e impulsar medidas correctivas que lo regulen. Esto queda de manifiesto en el bloqueo o demora de importantes proyectos de ley y el acomodo de iniciativas legislativas, reglamentos, normas o circulares al interés del sector empresarial.
Lo cierto es que tenemos en ambas cámaras periodos de inexplicable sequia legislativa y consecuencia de ello la acumulación de decenas iniciativas que no prosperaron por falta de apoyo. Es evidente que existen leyes y regulaciones que han demostrado que no protegen a la ciudadanía y el interés general de los consumidores.
Si de debilidades legislativas se trata, un caso es la recién promulgada ley de Insolvencia y Re-emprendimiento, frente a la cual en su oportunidad manifestamos las inconsistencias que contenía en su aplicación a personas individuales (quiebras personales).
Advertimos y solicitamos una modificación a la ley de regulación de tasa máxima convencional que regula la cláusula de aceleración que contienen los contratos de adhesión y aumentar el plazo de aplicación de 60 a 120 días para que los consumidores pudieran ampararse.
La ley de insolvencia considera que para acogerse a la reorganización debe tener al menos dos cuotas morosas por más de 90 días y no tener demandas, frente a lo que empresas reaccionaron aplicando la cláusula de aceleración inmediatamente cumplidos los 60 días y demandar el cobro del total de la deuda, esta acción tiene el propósito de impedir que los consumidores se acojan a dicha ley, haciéndola en la práctica letra muerta.
Otro ejemplo es el bullado caso Cencosud por el aumento unilateral de comisiones. Sernac presentó la demanda colectiva contra esta empresa en febrero del 2006, En abril del 2006 la SIBF dictó la circular 17  que consideraba que el silencio del consumidor significaba aprobación, con lo cual durante 7 años hubo aumento unilateral de comisiones sin control, sin embargo, el fallo de la Corte Suprema los considero abusivos y la SBIF tuvo que derogarla.
También el llamado Sernac financiero que consideró que la revisión de contratos era voluntario, esto ha significado que ninguna empresa ha sometido sus contratos a la revisión por parte de este servicio o la reinterpretación por parte SUBTEL a solicitud de ENTEL del Art.21 del reglamento de Telecomunicaciones.
Lo anteriormente señalado deja dudas de la influencias al momento de aprobar importantes iniciativas legislativas o regulaciones que debieran haber protegido a los consumidores, estas se vieron frustradas por cambios introducidos en su tramitación o simplemente dictadas vía decretos o circulares de organismos reguladores.
A esto se suma el surgimiento de un sinnúmero de influyentes centros de estudios o los llamados Think Tank, integrados por equipos de destacados académicos y especialistas para apoyar a los partidos y parlamentarios con asesorías y apoyo en labores legislativas. Estas entidades son invitadas permanentes a las discusiones de proyectos de ley y juegan muchas veces un rol fundamental en la tramitación o en la presentación de iniciativas legislativas.
Su financiamiento es muy poco claro; algunos estudios se financian directamente de asesorías a parlamentarios, instituciones de gobierno o apoyo internacional, sin embargo, por la infraestructura, equipos, y personal que disponen claramente sus fondos principales no provienen de esta fuente y algunos son abiertamente financiados por sectores de la élite empresarial.
En el Chile actual, los ciudadanos están cada vez más conscientes de sus derechos y  también de las limitaciones para ejercerlos. Nuestra institucionalidad pública debe jugar un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos de todos los ciudadanos. Ese papel trascendental debe necesariamente ser ejercido por todas nuestras instituciones políticas y órganos del Estado, para promover y velar siempre porque los derechos de los ciudadanos a tener salud de calidad, educación gratuita, una pensión justa y protección ante los abusos del mercado etc. y cuando no se cumplan estos principios implementar las medidas correctivas correspondientes.