Macroeconomía ordenada, sociedad agotada y lo que nos revela el diagnostico de la CEPAL Por
Danilo Zapata, Administrador Público Datos, precariedad y los límites cognitivos del
neoliberalismo chileno Chile vive una paradoja que ya no puede seguir siendo explicada como una
anomalía pasajera.
Mientras los principales indicadores macroeconómicos continúan mostrando estabilidad — disciplina fiscal, control inflacionario, solvencia financiera—, la vida cotidiana de amplios sectores sociales se organiza bajo condiciones persistentes de precariedad, inseguridad y desgaste. La economía parece sana cuando se observa desde arriba, pero exhausta cuando se mira desde abajo. Y esa brecha no es solo económica: es profundamente política y democrática. Los datos empíricos son elocuentes. La Encuesta CASEN 2024 muestra que un 17,3% de la población vive en pobreza por ingresos, un 17,7% en pobreza multidimensional y un 6,9% en pobreza extrema, cifras que se mantienen elevadas pese a la ausencia de una crisis macroeconómica abierta. A ello se suma la identificación de un núcleo de pobreza severa, donde convergen simultáneamente carencias de ingresos, trabajo, vivienda y redes sociales. No se trata, por tanto, de un fenómeno marginal ni residual, sino de una estructura persistente de vulnerabilidad. Este cuadro se vuelve aún más preocupante cuando se observa la composición de la economía interna. El 65% de la fuerza laboral depende de la micro y pequeña empresa, un sector altamente sensible a la contracción del consumo, al crédito caro y a los ajustes fiscales. Paralelamente, cerca de un 26% de las y los trabajadores se desempeña en condiciones de precariedad, sin seguridad social efectiva, con ingresos inestables y bajo esquemas de responsabilidad individual, incluyendo trabajo informal y empleo en plataformas digitales de reparto, transporte y servicios. En este contexto, trabajar ya no garantiza protección ni estabilidad; apenas permite sobrevivir.

La Revista CEPAL N.o 146 ofrece una clave interpretativa decisiva para entender este fenómeno. Sus análisis muestran que la desigualdad, la precarización laboral y la baja participación del trabajo en el ingreso no son fallas coyunturales ni desviaciones del sistema, sino resultados estructurales de economías altamente concentradas, donde el crecimiento no se traduce automáticamente en bienestar ni en cohesión social. La inserción en mercados y cadenas de valor, lejos de asegurar empleos de calidad, reproduce jerarquías y vulnerabilidades preexistentes. Aquí emerge el nudo central del problema chileno: el desacople entre una macroeconomía que funciona y una microeconomía que se agota. La estabilidad se mide en cifras agregadas; el desgaste se vive en salarios bajos, endeudamiento, inseguridad laboral y debilitamiento de las redes comunitarias. Este desacople no solo erosiona la calidad de vida, sino que socava las bases materiales de la democracia. Sin embargo, más allá de los datos, existe un problema menos visible pero igualmente determinante: el marco cognitivo desde el cual se interpreta esta realidad. El neoliberalismo no es solo un conjunto de políticas; es una forma de pensar la economía y la sociedad. Un marco ideológico que privilegia ciertos indicadores —equilibrios macro, eficiencia, responsabilidad individual— y deja fuera del campo de visión otros elementos esenciales, como la reproducción social, la cohesión comunitaria y la seguridad cotidiana.
Desde esta racionalidad, mientras la macroeconomía esté en orden, el sistema “funciona”. La precariedad laboral se interpreta como transición, la informalidad como elección individual y la fragilidad de la microempresa como problema de productividad. Sin embargo, la evidencia que entregan la CASEN 2024 y la CEPAL muestra que estas condiciones no son transitorias ni excepcionales: son estructurales. Persisten en el tiempo, se expanden y afectan a una proporción creciente de la población. Este es el límite cognitivo del neoliberalismo: no logra ver la economía como un sistema de reproducción de la vida, sino como una suma de decisiones individuales mediadas por el mercado. Por eso puede coexistir con altos niveles de pobreza multidimensional, con un mercado laboral precarizado y con una economía interna frágil, sin que ello sea leído como una falla del modelo. Cuando los datos contradicen el relato, el problema no se atribuye al marco explicativo, sino a las personas que “no se adaptan”. Las consecuencias de esta ceguera no son solo económicas, sino democráticas. Una sociedad marcada por la inseguridad material, el cansancio y la fragilidad de las redes tiene menos tiempo, menos energía y menos condiciones para deliberar colectivamente. La democracia deja de vivirse como espacio de discusión racional y se transforma en consumo emocional de política. En ese terreno fértil, los discursos autoritarios y simplificadores no crean el malestar, pero sí lo canalizan y lo capitalizan. Recuperar una democracia deliberante exige, entonces, algo más que ajustes técnicos. Requiere ampliar el marco racional desde el cual pensamos la economía y el rol del Estado. Reconocer que la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no suficiente; que los mercados no son neutros; y que la distribución de recursos y la cohesión social no emergen espontáneamente del crecimiento. El Estado no es un obstáculo para la democracia, sino uno de sus soportes materiales fundamentales. Los datos de la CASEN 2024 y el análisis estructural de la CEPAL no anuncian un colapso inmediato del neoliberalismo chileno. Anuncian algo más sutil y, por ello, más peligroso: su agotamiento como marco cognitivo capaz de comprender y gobernar la realidad social. Persistir en ese marco, pese a la evidencia empírica, no es racionalidad económica; es inercia ideológica. Cuando un modelo necesita ignorar sus propios datos para seguir pareciendo coherente, el problema ya no es solo la economía. Es la forma en que decidimos entenderla. Y de esa decisión depende, en gran medida, el futuro de nuestra democracia.