Pablo Rodriguez, Fojucc
Hace unos meses atrás, a través del portal periodístico CIPER Chile, se mostraba el panorama y negocio que constituían los estacionamientos pagos en Chile, y el lobby que estaban ejerciendo sobre algunos parlamentarios en la discusión del proyecto de ley (Boletín N°9729-03) que busca la gratuidad por un tiempo determinado por el uso de los estacionamientos y otros aspectos relevantes del negocio[1]. Así, pasaron los meses en su discusión e indicaciones (ingresó el día 17 de noviembre de 2014), hasta que el pasado día martes 15 de noviembre se discutió en general el proyecto de ley, en el Senado, siendo aprobado su texto con 24 votos a favor y ninguno en contra, como tampoco ninguna abstención. Podría haber sido motivo de celebración dicha votación, dado que el proyecto original entregaba una adecuada y justa protección y trato a los consumidores frente a los desregulados y, en muchos casos, abusivos servicios que ofrecen los estacionamientos. Sin embargo, la sorpresa fue cuando nos enteramos que las comisiones unidas de Economía (Senadores Navarro, Orpis, Pizarro y Tuma, y la Senadora Pérez) y la de Transporte y Telecomunicaciones (Senadores Girardi, Letelier, Matta, Orpis y Ossandón) realizaron cambios al proyecto original, modificando las normas más esenciales que contenía el proyecto (como la gratuidad por un tiempo mínimo para los consumidores) por considerar que “exageraba a la hora de proteger a los consumidores, puesto que atentaba contra la libertad de emprendimiento legítimo”. En la misma línea, tenemos fragmentos de los discursos de parlamentarios que intervinieron en el debate, señalando impresiones como “este proyecto fue modificado porque afectaba de una manera abusiva a quienes habían invertido en este negocio” (Senador Moreira); “la mirada de los consumidores dio origen a este proyecto, pero también hay que pensar en la realidad que tienen los dueños de estacionamientos y los operadores que se ven afectados cuando un mall cuenta con aparcamientos gratuitos” (Senador Quinteros); “ir a un mal ya no es un tema de lujo, y la norma original era anti-emprendimiento” (Senador Coloma); entre otros.
En honor a la sana discusión, reconocemos algunos avances que se lograron en esta Comisión, como la prohibición de un precio prefijado por la pérdida del ticket, y que se cobre lo efectivamente usado por el usuario; la responsabilidad del dueño del estacionamiento por los daños, robos o pérdidas que sucedan en sus dependencias; la prohibición de los recintos hospitalarios, públicos o privados, de cobrar estacionamiento cuando se trate de una urgencia por todo lo que dure la misma; entre otros temas regulados.
Sin embargo, queremos centrar una breve reflexión en el argumento que los Senadores han tenido a la vista para “rechazar” el corazón mismo del proyecto de Ley que buscaba la gratuidad de un cierto tiempo en beneficio de los consumidores.
Ya es habitual, desde el “retorno de la democracia”, que siempre los consumidores seamos postergados en nuestras aspiraciones y luchas por “la cosa económica”. No es raro leer la historia de la Ley N°19.496; N°19.955; o N°20.555 (por entregar unos sencillos ejemplos), donde se discuten grandes reformas a la normativa de protección a los consumidores, pero las cuales siempre son amortiguadas o derechamente apagadas por los costos que éstas pueden tener sobre la libertad de emprendimiento que nuestra Constitución garantiza y protege, y en la actividad económica en general. Este discurso se ha constituido en una especie de “dogma del Mercado”, en la misma línea de aquel que plantea que “el mercado se auto regula” o que “el Estado es ineficiente”. El asunto es que cuando hemos estado “bien económicamente”, nos dicen que esperemos un poco para no arruinar el momento, y cuando “nos está yendo mal”, nos dicen que es impensable generar algún tipo de reforma que pueda contraer la inversión.
La pregunta siguiente que nos hacemos los consumidores es; ¿cuándo es el momento para nosotros? Vemos que el Estado en los últimos años ha apostado de una manera nunca antes vista (particularmente en recursos económicos), incluso excesiva desde nuestra percepción, hacia lo que llama “emprendimiento e innovación”, destinando, vía CORFO, SERCOTEC, FOSIS u otras instituciones públicas, pero también privadas, dineros para que den cuerpo a sus “ideas”. El tema es que a los mismos que ha estado destinando dineros, entregando subsidios directos o franquicias, entre ellos la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Forestales y Papeleras como la CMPC; Retail; o Pesqueras; por nombrar algunas, han sido de los principales detractores a las reformas políticas y económicas que se están impulsando, generando incertidumbre en la población, bajo crecimiento y un clima de desconfianza hacia los consumidores; ¿por qué seguir confiando en ellos entonces? ¿Qué han aportado hacia los consumidores? Acá se debe hacer un llamado directo a la Presidenta de la República, al Ministro de Economía, al Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor y a todos los parlamentarios a que, con la misma energía y animosidad que han transferido miles de millones de pesos a estos programas “pro-emprendimiento”, también lo hagan en favor de las Asociaciones de Consumidores, creadas por ley desde el año 2004, las cuales se constituyen como unidades territoriales descentralizadas que educan, informan, protegen, orientan y representan los intereses de los consumidores y que pueden aportar a que el Mercado se comporte de una manera leal, competitiva, justa y responsable con su cometido final: satisfacer las necesidades de los consumidores y consumidoras de nuestro país.
Acá el tema es claro y la realidad lo ha demostrado: se ha difundido la filosofía que cualquier “emprendimiento” es bueno y que por lo mismo debe financiarse y apoyarse, lo cual, desde nuestro criterio, es totalmente falso, porque lo único que estamos generando es mayor deuda (del emprendedor (que en realidad es un empresario más), pero también del consumidor), mayor vulneración de los derechos de los consumidores y una escasa capacidad de estos “emprendimientos” por contribuir al desarrollo del país, porque finalmente se le enseña a “emprender”, pero nunca a respetar a los consumidores, quienes seremos los principales beneficiados o afectados de sus actos. Vemos que los mismos “beneficiados” y “grandes emprendedores” se coluden, abusan de su posición dominante, compiten deslealmente, no respetan los derechos básicos de los consumidores o financian irregularmente la política y otros aspectos de la vida nacional.
Como consumidores organizados hacemos el llamado a la reflexión sobre lo que debe implicar avanzar hacia la real protección de los consumidores, particularmente hoy donde se discute una reforma a la normativa de protección de los consumidores y otra que reforma el sistema de la libre competencia, para avanzar hacia un Mercado que tenga incentivos para su crecimiento y dinamismo y que tenga su consigna de la “libertad de emprendimiento”, pero que no sea en desmedro de la dignidad de nosotros, sino que, de igual manera, se generen reglas claras que permitan una convivencia armónica entre empresas y consumidores, donde se levante otra consigna: “protección de los consumidores”; y que emprender no sea sólo generar riqueza a cualquier costo, sino se traduzca en bienes y servicios de calidad y con un respeto irrestricto de los derechos humanos económicos de los ciudadanos.
