Durante estos días se dieron a conocer los reclamos realizados por usuarios del vehículo eléctrico JAC, modelo e-JS1, vendido por la automotora Gildemaister, luego que comprobaran la falta de infraestructura disponible para cargar el auto en los lugares indicados, hecho que no se informó claramente a sus compradores al momento de adquirirlos. La denuncia da cuenta de graves faltas a la Ley del Consumidor tales como publicidad engañosa y ausencia de información veráz y oportuna.
De acuerdo a los testimonios y antecedentes entregados por los mismos usuarios en sus reclamos, se informa que el modelo del vehículo eléctrico JAC, modelo e-JS1, vendido por la automotora Gildemaister carece de máquinas cargadoras compatibles con el modelo en cuestión en las electrolineras públicas existentes en el país, disponibles para este tipo de vehículos, especialmente, en la red Voltex, una de las más extensas del país.
Los hechos descritos en la denuncia revelan, en primera instancia, graves infracciones a la Ley del Consumidor, tales como publicidad engañosa y la falta de información veráz y oportuna sobre el producto que se compra. De acuerdo a la Ley del Consumidor, la automotora está obligada a entregar información técnica completa del vehículo: marca, modelo, fabricante, tipo de puerto de carga, voltaje, tipo de batería y detalles sobre eventuales restricciones de uso o limitaciones tecnológicas.
Asi también la empresa está obligada a promocionar y vender un producto que los consumidores sí puedan ser utilizar, y que garantice durabilidad y seguridad, dos aspectos básicos que no se están cumpliendo si el auto no puede acceder a su combustible, en este caso, la electricidad. Tampoco se garantiza la seguridad si los usuarios sólo pudieron conducir un par de veces hasta que se agotó la carga de electricidad, generando inseguridad para sus usuarios al manejar un vehículo que por no encontrar una máquina compatible para cargarse, puede detenerse, ocasionar accidentes, y una serie de daños y perjuicios a sus conductores.
Desde CONADECUS, observamos esta situación con gran preocupación y nos preguntamos ¿cómo fue posible que una automotora comercializara un vehículo que luego de conducirse una vez no se podría usar? ¿quién permitió esto? ¿quién debió fiscalizar para que este vehículo no saliera al mercado si no contaba con la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar su correcto funcionamiento?
Desde CONADECUS consideramos que los oficios no bastan, pues son una medida parche, que llegan después de causar daños a los consumidores engañados con un producto moderno, de uso importante, de alto coste económico y de sentido ético medioambiental, como lo son los autos eléctricos.
