La iniciativa busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones financieras y contribuir a la prevención del lavado de activos. La propuesta estará abierta a consulta pública durante cuatro semanas.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta pública una propuesta normativa que busca exigir la exhibición de la cédula de identidad a quienes realicen depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a $1 millón, o su equivalente en moneda extranjera.
La medida, anunciada el 27 de octubre, contempla su aplicación en bancos, cooperativas de ahorro y crédito y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias. Además, las instituciones financieras podrán extender este control a depósitos de montos inferiores, de acuerdo con sus propias políticas.
¿Cuál es el objetivo de la propuesta?
Según la CMF, la iniciativa busca mejorar la trazabilidad de las operaciones en efectivo, especialmente cuando quien realiza el depósito no es el titular de la cuenta que recibe los fondos. De esta manera, se pretende facilitar las investigaciones y los procesos judiciales vinculados con eventuales delitos financieros.
La propuesta se enmarca en la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y recoge el trabajo coordinado entre la CMF, la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) y el Ministerio Público.
¿Qué deben saber las personas consumidoras?
Si la propuesta es aprobada, quienes realicen depósitos en efectivo por los montos establecidos deberán exhibir su documento de identidad al efectuar la operación. Para las personas extranjeras que no tengan residencia ni domicilio en Chile, se contempla la presentación del pasaporte.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que todavía no constituye una nueva obligación vigente. Durante las cuatro semanas de consulta, las personas e instituciones interesadas podrán revisar sus antecedentes y presentar observaciones.
Desde CONADECUS, es importante que las personas consumidoras se mantengan informadas sobre los cambios regulatorios que pueden incidir en sus operaciones financieras, conozcan las condiciones aplicables y distingan entre las propuestas en discusión y las normas que ya se encuentran vigentes.