A partir del 14 de septiembre de 2026, los clientes de Essbio en las regiones de Biobío, Ñuble y O’Higgins verán un incremento de 5,25% en sus cuentas de agua potable, luego de la conclusión del proceso tarifario que regirá entre 2026 y 2031.
La medida afectará a más de 921 mil hogares y, según informó la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS), responde al aumento de los costos del servicio y a la necesidad de financiar obras para fortalecer la seguridad hídrica frente a la crisis climática.
Como referencia, una cuenta de:
- $10.000 pasará a $10.525.
- $20.000 aumentará a $21.050.
- $30.000 llegará a $31.575
CONADECUS: las inversiones deben ir acompañadas de información clara
Desde CONADECUS entendemos que garantizar la continuidad y calidad del suministro de agua es un objetivo relevante, especialmente en un escenario de sequía, incendios forestales y eventos climáticos extremos. Sin embargo, cualquier reajuste tarifario debe ir acompañado de máxima transparencia hacia los consumidores.
Las familias tienen derecho a conocer:
- Qué obras concretas serán financiadas con el aumento tarifario.
- Los plazos de ejecución y los beneficios esperados para cada comuna.
- Cómo se fiscalizará el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa sanitaria.
- De qué manera este incremento impactará en las cuentas de los distintos tipos de usuarios.
Asimismo, resulta fundamental que las autoridades mantengan una fiscalización permanente para asegurar que las inversiones comprometidas efectivamente se traduzcan en una mejora del servicio.
Los consumidores deben revisar sus cuentas
CONADECUS recomienda a los usuarios revisar cuidadosamente sus boletas una vez que entre en vigencia el nuevo cuadro tarifario y verificar que el cobro corresponda a las tarifas autorizadas.
En caso de detectar cobros que consideren indebidos o necesitar orientación sobre sus derechos, los consumidores pueden solicitar información y presentar sus consultas a través de los canales de CONADECUS.
La protección de los consumidores también implica que los procesos tarifarios se desarrollen con información accesible, criterios técnicos transparentes y una fiscalización efectiva que entregue certezas a la ciudadanía.
