La Superintendencia y CONADECUS analizan el crítico escenario que enfrenta el mecanismo de renegociación para personas naturales ante el alza sostenida de solicitudes.
El mecanismo de renegociación de deudas para personas naturales en Chile atraviesa un momento crítico. Una reciente sesión del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Superintendencia del ramo puso en evidencia un crecimiento sostenido de las solicitudes, lo que genera presión sobre la capacidad operativa del sistema. Este incremento responde a múltiples factores: la ampliación del acceso a trabajadores independientes con boletas de honorarios , un contexto económico con altos niveles de endeudamiento en los hogares , y la creciente intermediación de estudios jurídicos que canalizan grandes volúmenes de solicitudes.
Desde la perspectiva cualitativa, los casos actuales presentan mayores niveles de complejidad, tanto por la diversidad de las deudas como por la naturaleza de los activos involucrados, incluyendo bienes difíciles de rastrear o valorar. Además, muchas solicitudes deben ser corregidas antes de su admisión, lo que retrasa el inicio efectivo del proceso. Esto ha generado un cuello de botella con un aumento de los tiempos de tramitación , dificultando soluciones urgentes para personas en situaciones financieras críticas. A esta problemática se suma la escasa información disponible sobre el perfil detallado de quienes utilizan este mecanismo, lo que limita la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas focalizadas.
Ante esta situación, la Superintendencia ha comenzado a implementar ajustes operativos , incluyendo la especialización de equipos y la estandarización de criterios. Sin embargo, CONADECUS advierte que este escenario debe ser abordado con urgencia desde una perspectiva de derechos y que las mejoras deben ir acompañadas de cambios más profundos, como simplificar el acceso para personas sin asesoría legal y mejorar la educación financiera preventiva. Para la organización, fortalecer este mecanismo no es solo una cuestión administrativa, sino una prioridad para asegurar un acceso oportuno, comprensible y equitativo a la protección de los derechos de los consumidores.
