El último boletín de APROB revela una caída en el índice de bienestar económico, impulsada por un desempleo del 8,9% y un alza sostenida en el costo de la vida tras el conflicto en Medio Oriente.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) ha manifestado su profunda preocupación por el actual rumbo de la política económica en Chile, tras el análisis del último Boletín de Precios y Coyuntura N.º 33 de la Asociación para la Promoción del Bienestar (APROB). La organización advierte que el país se encuentra en un punto de inflexión, donde el deterioro del Índice de Bienestar Económico (IBEA) —situado en 47,7 puntos, por debajo de su promedio histórico— refleja una crisis de confianza y estabilidad en los hogares.
Uno de los puntos más críticos señalados por CONADECUS es el impacto del denominado “programa misceláneo” presentado por el gobierno al Congreso. Según datos citados por APROB, cerca del 80% del beneficio asociado a la reducción del impuesto corporativo y la reintegración tributaria favorecería únicamente al 1% de los contribuyentes con mayores ingresos. Desde la corporación insisten en que estas medidas, sumadas a la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, no consideran prioritariamente los efectos reales sobre los consumidores en un contexto de alta vulnerabilidad.
Este escenario de desigualdad se ve agravado por factores externos e internos que empujan al país hacia la estanflación. El informe proyecta una inflación de hasta 6% para fines de 2026, mientras el crecimiento económico se estancaría en un 1,7%. El detonante principal ha sido el alza internacional del petróleo Brent, que registra un aumento del 44% desde febrero debido al conflicto en Medio Oriente. Este choque energético ya se siente en el bolsillo de las familias: el IPC de abril mostró un incremento del 8,0% en la división de transporte, explicando gran parte del alza mensual del costo de la vida.
Finalmente, CONADECUS recalcó que las cifras de desempleo (8,9%) y la caída en la producción de bienes reflejan una combinación compleja que amenaza la seguridad financiera de los trabajadores y jubilados. Para la organización, la protección del poder adquisitivo y el acceso justo a servicios básicos deben dejar de ser tecnicismos económicos y transformarse en el eje central del debate público para evitar que el peso de la crisis recaiga, una vez más, sobre los consumidores.
