Valoramos el avance en materia de transparencia de los grupos empresariales, pero advertimos que quedan pendientes medidas que consideramos esenciales para garantizar una competencia efectiva en los mercados.
Como Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) valoramos el reciente pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en la causa Rol ERN N° 32-23, pero manifestamos nuestra preocupación por el rechazo de diversas medidas que consideramos fundamentales para enfrentar los riesgos asociados a la concentración económica en Chile.
El procedimiento se inició en septiembre de 2023 a partir de una presentación de CONADECUS, en la que solicitamos al Tribunal evaluar medidas destinadas a reducir los riesgos derivados de la concentración económica y de la participación de grandes conglomerados en distintos ámbitos de la economía.
En su reciente resolución, el TDLC recomendó al Poder Ejecutivo introducir modificaciones al proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales, con el objetivo de ampliar la información disponible sobre las relaciones de propiedad y gestión de los grupos económicos. El Tribunal destacó que contar con esta información puede fortalecer la capacidad fiscalizadora de las autoridades y contribuir a una persecución más eficaz de eventuales ilícitos anticompetitivos.
Valoramos positivamente este avance en materia de transparencia, especialmente porque permite avanzar hacia una mejor identificación de las estructuras de propiedad y de los vínculos existentes entre empresas y personas que participan en distintos mercados.
Una recomendación que no aborda todo el problema
Sin embargo, consideramos que la transparencia constituye solo una parte de la discusión.
El TDLC desestimó otras medidas que planteamos, entre ellas restricciones a determinadas estructuras societarias piramidales de grandes grupos empresariales; medidas respecto de la participación cruzada de conglomerados entre mercados financieros y otros sectores de la economía; y la consideración de la participación de conglomerados al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado.
Estas propuestas buscaban abordar de manera más integral los riesgos que pueden surgir cuando un mismo grupo económico mantiene posiciones relevantes o vínculos en distintos mercados.
Para nosotros, la discusión sobre libre competencia no puede limitarse a conocer quiénes son los propietarios de las empresas. También debemos abordar cómo se estructura y distribuye el poder económico y qué efectos puede tener esa concentración sobre el funcionamiento de los mercados y, finalmente, sobre los consumidores.
Evaluamos recurrir a la Corte Suprema
Ante el rechazo de estas medidas, estamos evaluando recurrir a la Corte Suprema, a fin de que el máximo tribunal se pronuncie respecto de aquellas propuestas que presentamos ante el TDLC y que no fueron acogidas.
Consideramos que estas medidas son fundamentales para avanzar hacia una sana y efectiva libre competencia en Chile, particularmente en mercados donde la concentración económica puede afectar las condiciones en que participan empresas y consumidores.
Valoramos que se avance en mayor transparencia respecto de los beneficiarios finales y de las relaciones existentes al interior de los grupos económicos. Sin embargo, creemos que la transparencia por sí sola no resuelve los problemas asociados a la concentración económica. Existen otras medidas que consideramos fundamentales para garantizar mercados efectivamente competitivos y proteger a los consumidores.
Para nosotros, una adecuada política de libre competencia debe tener como uno de sus objetivos centrales el bienestar de las personas, promoviendo mercados donde exista mayor diversidad de oferentes, mejores condiciones de competencia, innovación y posibilidades reales de elección para los consumidores.
La libre competencia no es un fin que beneficie únicamente a las empresas. Su finalidad última también debe ser que los consumidores puedan acceder a mejores precios, calidad, servicios y alternativas. Por eso consideramos necesario seguir dando esta discusión y evaluar todas las herramientas jurídicas disponibles.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los consumidores y con la promoción de mercados transparentes, competitivos y equilibrados, donde la concentración del poder económico no termine perjudicando a quienes se encuentran al final de la cadena: las personas consumidoras.
Continuaremos evaluando las acciones jurídicas y administrativas que correspondan para avanzar en esta materia y contribuir a una sana y libre competencia en Chile, que se traduzca en un mayor bienestar para todos los consumidores.
