La corporación denuncia deficiencias en el proceso regulatorio del SAG y exige proteger el derecho de los consumidores a saber qué están comprando mediante un etiquetado claro.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) ha manifestado su profunda preocupación ante los antecedentes que revelan un proceso impulsado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para autorizar cultivos genéticamente modificados sin una evaluación integral de sus impactos. Según denuncias de diversas organizaciones sociales y ambientales, el procedimiento actual carece de transparencia, rigor técnico y participación ciudadana efectiva.
Cuestionamientos a la regulación y al SAG El foco de la crítica recae en el manejo de las denominadas Nuevas Técnicas Genómicas (NTG), como el CRISPR. De acuerdo con las investigaciones difundidas, el SAG habría utilizado criterios de evaluación insuficientes, favoreciendo presuntamente intereses de empresas biotecnológicas.
Un punto de especial alerta es que ciertos cultivos, como el trigo modificado genéticamente, habrían sido clasificados como “convencionales”. Esta etiqueta permite evitar evaluaciones de riesgo exhaustivas antes de su liberación al ambiente, lo que representa un riesgo potencial para la biodiversidad y la agricultura tradicional.
El derecho fundamental a la información Desde CONADECUS, su presidente Hernán Calderón enfatizó que estas decisiones vulneran directamente la Ley del Consumidor.
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El derecho a la información veraz y oportuna es un pilar establecido por la ley.
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No informar sobre el origen de los alimentos limita la libertad de elección de las personas.
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La falta de mecanismos de trazabilidad y etiquetado impediría a los consumidores distinguir entre productos convencionales y genéticamente modificados.
Riesgos estructurales y soberanía alimentaria La organización también recoge las preocupaciones del mundo agrícola sobre la posible contaminación de cultivos orgánicos y el impacto irreversible en semillas criollas. En este escenario, la Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile) ha cuestionado la ausencia de estudios científicos robustos para detectar alteraciones genéticas complejas.
Llamado urgente CONADECUS ha solicitado la suspensión inmediata del proceso actual hasta que se cumplan las siguientes condiciones:
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Realización de evaluaciones científicas independientes y rigurosas.
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Garantía de una participación ciudadana efectiva.
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Establecimiento de normas claras de etiquetado y trazabilidad para todos los alimentos modificados.
“Cuando la innovación avanza sin control, el riesgo lo asumen los ciudadanos. Sin información no hay elección, y sin elección no hay libertad”.
