La rebaja de hasta un 25% en las tarifas de Autopista Central comenzará a regir en enero de 2027, pero el acuerdo contempla extender la concesión por 20 meses adicionales. Desde CONADECUS cuestionamos que el alivio para los usuarios dependa de prolongar un negocio privado, sin que se transparenten suficientemente sus costos y rentabilidad.
El Gobierno anunció una rebaja en las tarifas del TAG de Autopista Central, que contempla descuentos del 10% en horario no punta y del 25% en horario punta y de saturación. Sin embargo, la medida tiene una condición que abre interrogantes sobre su conveniencia para los consumidores: la concesionaria recibirá una extensión de 20 meses en el plazo de operación de la autopista, llevando el término de su contrato hasta abril de 2036.
Aunque cualquier reducción en los cobros puede representar un alivio para los bolsillos de las familias, desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) consideramos que es necesario analizar si esta fórmula constituye realmente un beneficio para la ciudadanía o si termina favoreciendo, principalmente, los intereses económicos de las empresas concesionarias.
¿Por qué extender la concesión para bajar las tarifas?
Para CONADECUS, no parece una buena solución prolongar la concesión de una autopista como mecanismo para conseguir una rebaja tarifaria sin evaluar primero sus ingresos, costos, inversiones y ganancias.
Antes de negociar más años de operación para una empresa privada, el Estado debe contar con antecedentes financieros transparentes que permitan determinar cuál es la rentabilidad efectiva de la concesión, cuánto ha recuperado la empresa de su inversión inicial y qué margen existe para reducir las tarifas sin extender el contrato.
La pregunta es fundamental: ¿se evaluaron todas las alternativas posibles para disminuir el costo del TAG o se optó por entregar más tiempo de explotación a cambio de una rebaja acotada?
Desde la perspectiva de los consumidores, no basta con anunciar un descuento. También es necesario conocer cuánto cuesta realmente este beneficio, qué recibe la concesionaria a cambio y cuál será el efecto económico de mantenerla operando durante 20 meses adicionales.
Transparencia sobre las ganancias de las concesionarias
El debate sobre el TAG no puede limitarse a discutir porcentajes de descuento. Las tarifas de las autopistas urbanas representan un gasto permanente para miles de personas que dependen de ellas para trasladarse a sus trabajos, estudiar o desarrollar sus actividades cotidianas.
Por ello, CONADECUS considera necesario que las autoridades transparenten los antecedentes económicos y financieros de las concesiones, incluyendo sus ingresos, costos operacionales, inversiones, rentabilidad y condiciones contractuales.
No se puede evaluar si una tarifa es justa sin conocer los costos que la sustentan y las ganancias que genera el negocio. Sin esa información, los consumidores quedan en una posición de desventaja frente a empresas que operan bajo contratos de largo plazo y en mercados donde las alternativas de desplazamiento pueden ser limitadas.
La extensión de una concesión tampoco debería convertirse en la respuesta automática cada vez que se plantea una reducción tarifaria. Es responsabilidad del Estado resguardar el interés público y negociar condiciones que beneficien efectivamente a los usuarios.
Una rebaja que debe beneficiar realmente a las personas
El acuerdo anunciado contempla descuentos diferenciados según el horario de circulación y exige que los usuarios paguen sus cuentas dentro de los primeros 60 días para acceder al beneficio. La rebaja comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027, según lo informado por el Gobierno.
Si bien la disminución de las tarifas puede ser positiva, es legítimo cuestionar si el mecanismo elegido es el más conveniente para la ciudadanía y si el beneficio compensa el valor económico de prolongar el contrato.
Para CONADECUS, la discusión debe avanzar hacia una revisión profunda del sistema de concesiones, con mayor transparencia, fiscalización y mecanismos que permitan evitar que los usuarios terminen asumiendo costos excesivos.
Los consumidores no deberían tener que conformarse con pequeñas rebajas a cambio de mantener por más tiempo las condiciones de un negocio privado. Antes de extender una concesión, es indispensable estudiar sus ganancias, revisar sus contratos y determinar si existen alternativas más favorables para la ciudadanía.
La prioridad debe ser garantizar tarifas razonables, contratos transparentes y decisiones públicas que pongan en el centro a las personas, no únicamente la rentabilidad de las concesionarias.