La resolución judicial de una demanda contra AFP Capital por el caso La Polar podría ser determinante para establecer si la Ley del Consumidor permite impulsar acciones colectivas contra las administradoras de fondos de pensiones.
Las pérdidas registradas por los fondos previsionales D y E, en medio de operaciones financieras conocidas como swaps, han vuelto a poner bajo escrutinio la gestión de las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En este escenario, CONADECUS se encuentra a la espera de una sentencia clave en la demanda colectiva que mantiene contra AFP Capital por inversiones realizadas con fondos de sus afiliados en acciones de La Polar en 2011. El pronunciamiento deberá abordar una cuestión central: si la relación entre las AFP y sus afiliados puede ser considerada una relación de consumo, permitiendo aplicar la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.
Una demanda que podría abrir nuevas vías de acción
El 17 de mayo de 2022, CONADECUS presentó una demanda colectiva contra AFP Capital, en representación de cerca de 1,93 millones de afiliados que, según los antecedentes citados en la causa, habrían resultado afectados por las inversiones vinculadas al caso La Polar.
La acción busca la reparación de los perjuicios patrimoniales y morales reclamados por la asociación. El caso se originó en compras de acciones realizadas cuando el fraude de la multitienda ya había salido a la luz, operaciones que posteriormente habrían generado pérdidas para los fondos previsionales.
AFP Capital cuestionó la competencia del tribunal, argumentando que su relación con los afiliados se encuentra regulada por la legislación previsional y no por la Ley del Consumidor.
Sin embargo, el Décimo Juzgado Civil de Santiago rechazó ese planteamiento en diciembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago en junio de 2024. Esto permitió que la demanda continuara su tramitación, dejando para la resolución de fondo la discusión sobre la aplicación de la normativa de protección al consumidor.
Las pérdidas en los fondos D y E
La discusión adquiere especial relevancia tras las pérdidas asociadas a operaciones swaps, contratos financieros utilizados por las AFP para exponerse a movimientos de las tasas de interés.
Según una investigación publicada por BioBioChile, las siete administradoras realizaron operaciones apostando a una caída de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos. No obstante, el escenario evolucionó en sentido contrario y las AFP cerraron anticipadamente sus posiciones.
En ese contexto, el Fondo E registró una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con los antecedentes recogidos por el medio.
Frente a esta situación, la Superintendencia de Pensiones inició un procedimiento sancionatorio contra las siete AFP para determinar si incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia en la administración de los ahorros previsionales.
¿Qué podría ocurrir?
Una sentencia que reconozca la aplicación de la Ley del Consumidor en la relación entre las AFP y sus afiliados podría constituir un precedente relevante para futuras acciones colectivas. Esto permitiría evaluar nuevas vías judiciales para buscar reparación ante eventuales perjuicios que afecten a los cotizantes.
Por ahora, CONADECUS espera la resolución de su causa contra AFP Capital antes de avanzar en una eventual acción colectiva relacionada con las operaciones swaps. El resultado del proceso sancionatorio de la Superintendencia de Pensiones también podría aportar antecedentes relevantes.
La eventual presentación de nuevas demandas dependerá de las resoluciones judiciales y administrativas, así como de la evaluación de los antecedentes y los perjuicios que correspondan.
Para CONADECUS, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia, la responsabilidad en la gestión de los fondos previsionales y la existencia de mecanismos efectivos para proteger los derechos de las personas afiliadas.
Fuente de referencia: Investigación de BioBioChile sobre las operaciones swaps y las posibles demandas colectivas contra las AFP.