La organización advirtió que la iniciativa, si bien busca resolver la deuda acumulada por el congelamiento de las tarifas, podría generar cobros injustos para los consumidores residenciales y no aborda las causas estructurales del alto costo de la electricidad.
En el marco de la discusión del proyecto de ley de Protección Tarifaria Eléctrica (“Ordenemos la Cuenta”), CONADECUS presentó su opinión ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, planteando una serie de observaciones destinadas a resguardar los derechos de los consumidores frente a las medidas propuestas para financiar la deuda acumulada por el congelamiento de las tarifas eléctricas.
La iniciativa busca redefinir y postergar el pago de una deuda cercana a los $925 mil millones que mantienen los clientes regulados con las empresas distribuidoras. Para ello, propone crear un nuevo componente del Cargo MPC de $5 por kWh, más IVA, que comenzaría a cobrarse desde enero de 2028 hasta fines de 2035, además de incorporar otras modificaciones al sistema tarifario.
Sin embargo, CONADECUS manifestó que aplicar un cobro uniforme de $5 por kWh resulta injusto, ya que las deudas no son iguales entre consumidores ni entre las distintas distribuidoras. Asimismo, advirtió que esta fórmula podría implicar que los clientes residenciales terminen subsidiando parte de la deuda correspondiente a clientes comerciales.
La organización también cuestionó que el nuevo cargo esté afecto a IVA, señalando que ello implica que el Estado obtenga ingresos adicionales a partir de un recargo que deberán asumir los consumidores. Además, sostuvo que, aunque las deudas deben ser pagadas, las empresas distribuidoras también deberían contribuir al esfuerzo, por ejemplo, renunciando al cobro de intereses derivados de una postergación que nunca fue solicitada por los usuarios.
Otro de los planteamientos apunta a que el proyecto mantiene mecanismos que trasladan a los consumidores riesgos asociados al comportamiento futuro de la demanda eléctrica. Según CONADECUS, esto podría significar nuevos costos para los usuarios si las proyecciones no se cumplen, especialmente considerando que cada vez más personas optan por sistemas de generación propia debido al aumento de las tarifas.
Como alternativa, la organización propuso restablecer una norma que permita a las asociaciones de consumidores solicitar la revisión de los contratos de suministro cuando las condiciones bajo las cuales fueron celebrados hayan cambiado significativamente. A juicio de CONADECUS, muchos contratos aún reflejan costos asociados a generación térmica, pese a que actualmente buena parte del suministro proviene de energías renovables considerablemente más económicas, ahorro que no se ha traducido en menores tarifas para los clientes regulados.
Asimismo, planteó otras medidas para fomentar una reducción efectiva de los precios, como ampliar las posibilidades de acceso a mejores condiciones comerciales mediante nuevos bloques de suministro, facilitar que consumidores regulados puedan agrupar su demanda para acceder al mercado libre y avanzar hacia un sistema con mayor competencia en el sector eléctrico.
Finalmente, CONADECUS manifestó su preocupación por la posibilidad de que las distribuidoras presenten nuevos planes de inversión cuyos costos puedan trasladarse a las tarifas de los consumidores. La organización insistió en la necesidad de revisar y simplificar el modelo regulatorio vigente, fortaleciendo la transparencia y asegurando que las tarifas se calculen sobre la base de empresas eficientes y no de los costos reales de las compañías reguladas.
Para CONADECUS, cualquier reforma al sistema eléctrico debe equilibrar la sostenibilidad financiera del sector con la protección efectiva de los consumidores, evitando que el peso de las soluciones recaiga desproporcionadamente sobre los hogares chilenos.
Revisa la intervención de Hernán Calderón, presidente de CONADECUS y Oscar Cabello, asesor de CONADECUS.
