La consulta pública impulsada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para modificar la regulación sobre la comercialización de semillas continúa generando preocupación entre organizaciones campesinas, agroecológicas y redes de guardianes de semillas, que advierten posibles efectos sobre la conservación y circulación de semillas tradicionales.
La propuesta busca actualizar la normativa vigente para la comercialización de semillas corrientes, estableciendo requisitos para quienes las venden con fines comerciales. Según el SAG, el objetivo es mejorar la trazabilidad, fortalecer la fiscalización y adaptarse al crecimiento del comercio digital e informal de semillas. La institución ha precisado que la regulación no busca impedir el intercambio de semillas entre agricultores, familias o comunidades cuando no existe un fin comercial.
Sin embargo, distintas organizaciones sostienen que el texto sometido a consulta contiene conceptos que podrían interpretarse de manera amplia y terminar afectando prácticas ancestrales como el intercambio de semillas en ferias campesinas, trafkintus, huertas familiares y redes comunitarias. A su juicio, estas excepciones deben quedar expresamente establecidas en la norma y no depender únicamente de comunicados o interpretaciones posteriores.
Desde CONADECUS observamos con preocupación que una regulación insuficientemente clara podría generar efectos no deseados sobre la agricultura familiar campesina, la biodiversidad y, en definitiva, sobre los propios consumidores. Las semillas constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria y cualquier medida que limite injustificadamente su conservación, intercambio o producción a pequeña escala puede traducirse, a largo plazo, en una menor diversidad de alimentos, menor resiliencia de los sistemas productivos y un acceso más restringido a productos locales.
Otro de los puntos cuestionados es la exigencia de requisitos de registro y caracterización que, según las organizaciones campesinas, no se ajustan a la naturaleza de las semillas criollas y tradicionales, cuya principal fortaleza radica precisamente en su diversidad genética y adaptación permanente a los distintos territorios. La aplicación de criterios pensados para sistemas productivos industriales podría terminar excluyendo a pequeños productores que cumplen un rol fundamental en la conservación del patrimonio agrícola nacional.
El SAG ha señalado que la propuesta no modifica las normas sobre propiedad intelectual de las semillas, no incorpora regulaciones sobre semillas transgénicas y se limita a establecer requisitos para quienes comercializan semillas. Asimismo, ha indicado que el proceso de consulta pública busca precisamente recoger observaciones ciudadanas antes de la dictación definitiva de la norma.
Una regulación que proteja tanto la seguridad sanitaria como la diversidad agrícola
CONADECUS considera legítimo que el Estado establezca mecanismos que garanticen la calidad, trazabilidad e información de los productos que llegan al mercado. Sin embargo, estas regulaciones deben ser proporcionales y reconocer la realidad de la agricultura familiar campesina, de las huertas comunitarias y de quienes conservan variedades tradicionales que constituyen un patrimonio biológico y cultural para el país.
La protección de los consumidores no se limita a fiscalizar mercados. También implica resguardar el derecho de las personas a acceder a una alimentación diversa, saludable y producida bajo condiciones que favorezcan la competencia, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria. Un mercado con menos diversidad de semillas es también un mercado con menos alternativas para los consumidores.
Participación ciudadana
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 10 de agosto de 2026, por lo que cualquier persona u organización puede presentar observaciones al proyecto.
CONADECUS hace un llamado a que este proceso permita construir una regulación equilibrada, que entregue certeza jurídica para quienes comercializan semillas, pero que al mismo tiempo proteja expresamente a la agricultura familiar, las redes de intercambio no comerciales, las huertas caseras y las comunidades campesinas. Asimismo, estima indispensable que la futura normativa garantice que la difusión, educación e intercambio de conocimientos sobre semillas y agroecología no puedan ser interpretados como actividades de explotación comercial.
Proteger la biodiversidad agrícola es también proteger el derecho de las actuales y futuras generaciones de consumidores a contar con alimentos diversos, accesibles y producidos de manera sostenible.
