El reingreso de decretos a la Contraloría pone en evidencia ineficiencias del sistema y contratos indexados a combustibles fósiles que encarecen las cuentas de luz.
Santiago, abril de 2026. El sistema eléctrico chileno se encuentra nuevamente en el centro del debate público tras el reingreso de diversos decretos por parte del Ministerio de Energía a la Contraloría General de la República. Este proceso ha reactivado las alarmas sobre la distribución de costos sistémicos, las brechas regulatorias y el impacto real que estas tienen en las boletas mensuales de millones de usuarios.
Un sistema presionado por la normativa A diferencia de lo que se podría pensar, el alza en la electricidad no responde únicamente a variables de mercado como la generación o transmisión. Según expertos, el componente que más ha crecido es el de origen regulatorio, producto de decisiones normativas y estructuras tarifarias vigentes.
Esta situación ha generado una brecha de competitividad preocupante. Por ejemplo, en 2025 el costo eléctrico para la minería en Chile alcanzó los 101 US$/MWh, superando en un 16% al promedio de sus competidores internacionales y hasta en un 26% a los costos en Perú.
Distorsiones y “pagos excesivos” Desde CONADECUS, su presidente Hernán Calderón ha sido enfático en señalar que las fallas estructurales del sistema se trasladan directamente a los consumidores finales. Entre los factores críticos identificados se encuentran:
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Falta de competencia efectiva en el mercado.
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Mecanismos de precios estabilizados que derivan en pagos excesivos e injustificados.
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Transferencias económicas hacia empresas generadoras y sobrerretribución en esquemas específicos.
Uno de los “nudos críticos” es el régimen de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Este sistema ha implicado transferencias por cerca de US$700 millones en los últimos años, financiados principalmente por clientes libres del sector minero. Aunque se han buscado ajustes, los expertos advierten que los efectos positivos no serán inmediatos debido a la existencia de contratos de largo plazo.
El peso de los contratos antiguos Otra distorsión persistente denunciada por la organización de consumidores es la indexación de contratos antiguos al precio de combustibles fósiles como el petróleo.
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Existen contratos que mantienen este vínculo a pesar de que las empresas hoy utilizan mayoritariamente energías renovables.
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Esto permite que se compre energía renovable a costo casi cero y se venda a precios que simulan haber sido generada con petróleo o gas.
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El resultado es un sobrecosto directo e injustificado para los hogares.
Hacia una reforma estructural Para los consumidores, este escenario se traduce en alzas de tarifas sin transparencia, falta de predictibilidad para la economía doméstica y la transferencia de las ineficiencias del sistema a su bolsillo.
Ante esto, CONADECUS plantea que los ajustes actuales son insuficientes y propone una reforma profunda basada en tarifas justas alineadas a costos reales, mayor competencia y un marco regulatorio que ponga, de una vez por todas, al consumidor en el centro de la política energética.
