El incremento en el precio del gas licuado vuelve a impactar el presupuesto familiar. La inflación acumulada alcanza un 2,8% en lo que va de 2026 y un 3,9% en doce meses.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) manifestó su preocupación por los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a mayo de 2026, informados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que registró una variación mensual de 0,2%, acumulando un aumento de 2,8% en los primeros cinco meses del año y una inflación de 3,9% en los últimos doce meses.
Si bien la cifra se ubica dentro de los márgenes esperados por el mercado, desde la organización advirtieron que detrás de los indicadores generales existen aumentos específicos que continúan afectando de manera directa la economía cotidiana de millones de familias, especialmente aquellas de menores ingresos.
Uno de los productos que registró una incidencia relevante en el resultado del mes fue el gas licuado, combustible esencial para la calefacción, la cocina y el abastecimiento energético de numerosos hogares a lo largo del país. A ello se suman alzas en áreas sensibles como vivienda y servicios básicos, además de diversos gastos asociados al transporte.
El impacto en los hogares
Para CONADECUS, las cifras reflejan una realidad que muchas familias vienen experimentando desde hace meses: el costo de la vida continúa presionando los presupuestos domésticos, obligando a destinar una mayor proporción de los ingresos al pago de servicios esenciales.
La situación adquiere especial relevancia durante los meses de invierno, cuando el consumo de gas aumenta considerablemente debido a las bajas temperaturas. En este contexto, cualquier incremento en los precios energéticos repercute de forma inmediata en el bienestar de los hogares, particularmente en personas mayores, familias con niños y sectores económicamente más vulnerables.
“Cuando aumentan productos esenciales como el gas, el impacto no es solo estadístico. Estamos hablando de gastos que las familias no pueden postergar ni sustituir fácilmente. Por ello es fundamental que exista una vigilancia permanente sobre los mercados y una protección efectiva para los consumidores”, señalaron desde CONADECUS.
Transparencia y competencia en los mercados
La organización recordó que el mercado del gas licuado ha sido objeto de diversas investigaciones y debates públicos durante los últimos años respecto de sus niveles de competencia y formación de precios.
En este sentido, CONADECUS reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia para asegurar que las personas consumidoras accedan a información clara, comparable y oportuna sobre precios, promociones y condiciones de comercialización.
Asimismo, la entidad destacó la importancia de que las autoridades continúen monitoreando el comportamiento de los mercados esenciales para prevenir prácticas que puedan afectar el bienestar económico de la ciudadanía.
Derechos de las personas consumidoras
Frente a escenarios de alzas sostenidas en bienes y servicios básicos, CONADECUS recordó que las personas consumidoras tienen derecho a:
- Recibir información veraz, clara y oportuna sobre precios y condiciones de venta.
- Comparar ofertas en igualdad de condiciones.
- Exigir el respeto de los precios informados.
- Denunciar prácticas abusivas o engañosas.
- Acceder a mecanismos de protección y defensa de sus derechos cuando estos sean vulnerados.
- La organización recomendó además planificar los gastos del hogar, comparar precios entre proveedores cuando sea posible y conservar comprobantes de compra para respaldar eventuales reclamos.
Una inflación que sigue siendo un desafío
Aunque la inflación anual se mantiene por debajo de los niveles observados durante los años más complejos de la crisis inflacionaria reciente, el aumento acumulado de los precios continúa representando un desafío para miles de familias chilenas.
Desde CONADECUS enfatizaron que las políticas públicas deben seguir orientadas a resguardar el poder adquisitivo de los hogares y garantizar condiciones de mercado justas, competitivas y transparentes, especialmente en sectores vinculados a bienes y servicios indispensables para la vida cotidiana.
