Estos cambios simplifican el reconocimiento de deudas prescritas y, en determinados casos, permite que los afectados puedan solicitar el término de obligaciones tributarias que ya excedieron los plazos legales de cobro.
La reciente entrada en vigencia de modificaciones legales relacionadas con la prescripción de obligaciones tributarias ha generado interés entre miles de contribuyentes que buscan regularizar su situación financiera.
De acuerdo con información publicada por el medio regional El Morrocotudo, uno de los cambios más relevantes consiste en facilitar procedimientos administrativos que anteriormente requerían gestiones judiciales más complejas, permitiendo que determinados contribuyentes puedan acreditar de manera más expedita que una deuda tributaria ya se encuentra prescrita. Esta modificación busca entregar mayor certeza jurídica y reducir costos asociados a trámites legales.
La prescripción tributaria constituye una institución jurídica mediante la cual el Estado pierde la facultad de exigir el cobro de determinadas obligaciones cuando ha transcurrido el plazo establecido por la ley sin que se hayan realizado acciones efectivas de cobranza. Sin embargo, especialistas advierten que la prescripción no opera automáticamente en todos los casos y que existen múltiples circunstancias que pueden interrumpir o reiniciar dichos plazos.
Entre los potenciales beneficiarios se encuentran personas naturales, trabajadores independientes, pequeños emprendedores y contribuyentes que mantienen deudas tributarias antiguas respecto de las cuales la autoridad no haya realizado actuaciones de cobro dentro de los plazos legales correspondientes.
No obstante, cada situación debe ser revisada individualmente, considerando factores como la fecha de origen de la deuda, eventuales notificaciones realizadas por la administración tributaria, convenios de pago suscritos con anterioridad o procedimientos administrativos que hayan interrumpido el cómputo de la prescripción.
Desde CONADECUS reiteramos que el acceso a información clara y oportuna constituye una herramienta fundamental para la defensa de los derechos económicos de la ciudadanía. Muchas personas desconocen que existen mecanismos legales que pueden afectar significativamente su situación financiera, ya sea en materias tributarias, bancarias, comerciales o de cobranza.
La defensa de los derechos de las personas consumidoras también implica garantizar el acceso a información transparente, comprensible y veraz sobre las obligaciones financieras y tributarias que puedan afectar su patrimonio y calidad de vida.
