Por Carlos Aranda, Ex Seremi RM. Enrique Ayarza, exintendente de prestadores de la Superintendencia de Salud. Ricardo Fabregat, exsubsecretario de redes asistenciales
Columna publicada en El Mostrador 02/05/2024
Después de un año y medio desde que la Corte Suprema emitió un fallo justo que obliga a las isapres a cumplir las leyes y pagar lo cobrado en exceso, el 12 de mayo se cumple el plazo para que el Gobierno instruya cómo aplicar lo dictaminado por la justicia.
Para facilitar el cumplimiento del fallo, sin desnaturalizar sus efectos, y teniendo como norte la protección a las personas y la estabilidad del sistema, el Gobierno presentó un proyecto de ley denominado “ley corta” que se encuentra en su trámite final.
Desde el primer momento y hasta el día de hoy, las isapres se han resistido al cumplimiento del fallo y activaron un amplio grupo de expertos relacionados con la industria, para presionar al Gobierno y obtener un “perdonazo”, activando un relato comunicacional que se ha repetido hasta el cansancio.
Lo cierto es que cada una de las afirmaciones de las isapres han sido debidamente refutadas por expertos independientes de la industria, especialmente las siguientes:
a) “La deuda puede ser rebajada”. Falso. La deuda quedó establecida en el fallo. El monto es simple de calcular. Cualquier rebaja sería un acto expropiatorio y debería pagar el Estado a los expropiados. El mayor costo para el Estado es hacer una rebaja.
b) “Si se obliga a pagar la deuda, todas las isapres quiebran”. Falso. Eso está por verse y depende de los controladores. Tal vez alguna lo haga, pero no se pone en riesgo la estabilidad del sistema.
c) “Si quiebran las isapres, caen los prestadores privados”. Falso. El Gobierno tiene todas las atribuciones y herramientas para sostener las prestaciones de los actores privados y tiene disposición a hacerlo. De hecho, ya hoy, Fonasa intermedia acciones con más del 95% de las clínicas de Chile. En una situación de inestabilidad financiera pueden generarse diversos apoyos por parte del Estado, tal y como se hizo en pandemia.
d) “Los enfermos de isapres quedarán desprotegidos”. Falso. Un estudio de un centro de una universidad privada que dirige el exministro Enrique Paris, estimó el costo de sostener la atención de más de 300 mil usuarios de isapres con patologías graves o crónicas y no es mayor que el 0,5% del presupuesto del sector salud. Mucho menos que el costo de una campaña de invierno, infinitamente menos que la pandemia. Para ser francos, no es una gran crisis. Las isapres sobrevaloran su importancia.
Lo que las isapres y sus defensores deben entender es que, si no hay ley corta, la aplicación del fallo será más abrupta y el Gobierno tendrá las herramientas para sobrellevar la crisis. El Gobierno no puede hacerse parte del intento de eludir el fallo, ni quiere hacerlo, ni nuestra sociedad puede tolerarlo.
