Por Rafael Urriola de la Asociación APROB | [email protected] y Economista U de Chile y magister Economía Pública y Planificación U de Paris X Francia, especialista en economía de la salud y socio de Conadecus.
Desde su creación, las Farmacias Comunales (FC) o Populares han sido ampliamente acogidas por los usuarios. No cabe duda, que las diferencias de precios de los productos que se encuentran en las FC son inferiores en alrededor de 60% con respecto al precio -del mismo producto- en las tres cadenas de retail (Ahumada, Salcobranc y Cruz Blanca). De hecho, comunas dirigidas por alcaldes de todas las tendencias políticas han adoptado esta modalidad de FC para favorecer a los usuarios de sus CESFAM comunales.
Las compras que hacen estas farmacias -para poder ofrecerlas a precios convenientes- deben hacerse a través de Cenabast y esto implica disponer de los recursos y los mecanismos de pago, suficientes y oportunos, para darle continuidad a las transacciones. Esto requiere mayor trabajo financiero porque actualmente la proporción de las compras en Cenabast por las FC es apenas un 1% de sus compras a los laboratorios.
En segundo lugar, como se observa en la tabla 1, la canasta de productos actualmente comercializados es pequeña y, además, cada farmacia ofrece una proporción aún menor de éstos a sus asociados.
Tabla 1. Resultados de Farmacias populares
Fuente: https://www.cenabast.cl/gestion-de-abastecimiento-farmacias-comunales/
Si bien el monto global demandado por las FC parece alto es solo una proporción ínfima (menos del 1% del gasto de bolsillo que incurren los hogares). Es decir, hay muchos otros productos que las personas compran en las farmacias privadas y que podrían ofrecerse en las farmacias comunales.
Esto sugiere que sería necesario dar mayor capacidad de compra a los municipios; dar mayor capacidad de difusión de lo que ofrecen las FC; dar mayor capacidad de oferta (ampliación de la canasta) a Cenabast; mejorar la regulación de las prescripciones para privilegiar los medicamentos de marca.
Estas sugerencias entran en contradicción con el dictamen Nº E160316/2021 que la Contraloría General de la República emite en 2021 que restringe la flexibilidad de compra por las corporaciones privadas vinculadas a los municipios. Ciertamente, los delitos de fraude y desviación de fondos que han incurrido, especialmente, municipalidades como Vitacura, Las Condes y Barnechea (que tienen a ex alcaldes en calidad de imputados) a través de estas Corporaciones son, probablemente sin quererlo, una traba a las farmacias comunales.
Los legisladores deben evitar que las restricciones para reducir fraudes entraben algo que favorece, sin duda, a las personas que podrían pagar menos por medicamentos esenciales para su bienestar.
