El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción de 11,8% en los recursos destinados al Ministerio de Energía. El recorte alcanza programas de energías renovables, eficiencia energética y transición energética, mientras la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) también enfrenta una disminución presupuestaria. Para los consumidores, la discusión va más allá de las cifras: ¿qué impacto podría tener un Estado con menos recursos para fiscalizar y promover un sistema energético más eficiente y accesible?
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 plantea un importante ajuste para el Ministerio de Energía. La cartera dispondría de alrededor de $137 mil millones, lo que representa una disminución de 11,8% respecto del presupuesto de 2026.
La reducción se produce en un momento especialmente sensible para los consumidores. Las cuentas de electricidad han experimentado importantes alzas durante los últimos años y las familias siguen enfrentando el desafío de absorber mayores costos de servicios básicos.
En este escenario, la reducción de recursos destinados a políticas energéticas abre una interrogante que no puede quedar fuera de la discusión presupuestaria: ¿cómo afectará este ajuste a los consumidores y a la capacidad del Estado para enfrentar los problemas del sistema eléctrico?
Menos recursos para energías renovables
Uno de los cambios más significativos aparece en el programa de Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
Para 2026 se contemplaron aproximadamente $1.713 millones para este programa. En la propuesta para 2027, en cambio, estos recursos desaparecen como asignación específica.
Aunque se mantienen recursos dentro de la Subsecretaría de Energía para iniciativas relacionadas con energías renovables, el monto destinado específicamente a este ámbito disminuye considerablemente.
Para los consumidores, el desarrollo de nuevas fuentes de generación no es un asunto exclusivamente ambiental. La composición de la matriz energética también puede tener efectos sobre los costos del sistema y, en consecuencia, sobre las tarifas que finalmente pagan los hogares.
Una menor inversión pública en esta área podría significar menos capacidad para impulsar proyectos, estudios y políticas que permitan avanzar hacia un sistema energético más diversificado, competitivo y menos expuesto a determinados costos de generación.
Eficiencia energética: menos recursos para reducir el consumo
Otro de los recortes relevantes corresponde al Plan de Acción de Eficiencia Energética.
El proyecto contempla aproximadamente $6.717 millones para 2027, frente a los cerca de $10.394 millones considerados durante 2026. Esto representa una reducción cercana al 35%.
La eficiencia energética tiene una relación directa con el bolsillo de las familias. Consumir menos energía para realizar las mismas actividades significa, en términos simples, pagar menos en la cuenta de electricidad.
Por eso, reducir los recursos destinados a eficiencia energética puede resultar contradictorio en un escenario donde uno de los principales desafíos para los consumidores es precisamente disminuir el impacto de las cuentas de luz sobre los presupuestos familiares.
Programas de eficiencia, educación energética, apoyo a hogares y medidas destinadas a reducir el consumo pueden ser particularmente importantes para familias que tienen dificultades para enfrentar aumentos en sus gastos básicos.
¿Menos recursos para fiscalizar a las empresas eléctricas?
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) también registra una disminución presupuestaria en la propuesta para 2027.
El organismo tendría un presupuesto cercano a $20.266 millones, mientras que el proyecto incorpora nuevas exigencias de información respecto de sus labores de fiscalización.
Entre ellas, se contempla el seguimiento de las fiscalizaciones realizadas, las empresas fiscalizadas y las sanciones cursadas. También deberá informar semestralmente al Senado sobre las sanciones y compensaciones asociadas a cortes de suministro eléctrico pagadas por las empresas.
Este punto resulta especialmente relevante para los consumidores.
Durante los últimos años, los cortes de suministro, las interrupciones prolongadas y los problemas derivados de eventos climáticos han generado reclamos y cuestionamientos respecto de la respuesta de las empresas eléctricas.
La pregunta, entonces, es evidente: si aumentan las exigencias de fiscalización y seguimiento, pero los recursos disponibles disminuyen, ¿tendrá la SEC capacidad suficiente para cumplir eficazmente con estas tareas?
Para CONADECUS, la fiscalización no puede entenderse como un gasto secundario. Es una herramienta fundamental para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones y que los consumidores reciban las compensaciones que corresponden cuando se producen incumplimientos.
Más información sobre las tarifas, pero ¿basta con informar?
El proyecto también contempla nuevas obligaciones para la Comisión Nacional de Energía (CNE).
El organismo deberá entregar información sobre los cálculos y la normativa utilizados para determinar las tarifas eléctricas, además de reportar su evolución. También deberá elaborar un informe anual sobre la situación de las tarifas de los clientes regulados.
La mayor transparencia es positiva. Sin embargo, para los consumidores el desafío no termina en conocer cómo se calcula la tarifa.
La pregunta fundamental es cuánto terminará pagando cada familia y qué medidas existen para evitar que los costos del sistema sigan trasladándose al bolsillo de los usuarios.
La información sobre las tarifas debe ir acompañada de una discusión sobre eficiencia, competencia, costos de generación, distribución y las condiciones bajo las cuales operan las empresas que participan del mercado eléctrico.
Un recorte que llega en un momento delicado
El ajuste presupuestario ocurre mientras los consumidores todavía enfrentan las consecuencias de las alzas de las tarifas eléctricas y mientras el sistema debe responder a nuevos desafíos.
Por una parte, se necesita avanzar hacia una matriz energética más limpia y diversificada. Por otra, se requiere mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de los hogares. Y, al mismo tiempo, resulta indispensable contar con una fiscalización efectiva sobre las empresas eléctricas.
En este contexto, reducir recursos en áreas vinculadas a eficiencia energética, energías renovables y transición energética obliga a preguntarse cuáles serán las prioridades del Estado durante 2027.
Para los consumidores, el presupuesto energético no es una discusión abstracta ni exclusivamente técnica. Detrás de cada porcentaje y cada partida presupuestaria existe una consecuencia potencial sobre el servicio que reciben, la capacidad de fiscalización del Estado y, finalmente, el monto que deben pagar todos los meses por mantener sus hogares con electricidad.
El proyecto de Presupuesto 2027 recién comienza su discusión en el Congreso. Será durante su tramitación cuando se deberá determinar si los recursos propuestos son suficientes para garantizar una adecuada fiscalización, avanzar en eficiencia energética y proteger a los consumidores frente a los costos del sistema eléctrico.
Porque cuando se habla de presupuesto energético, también se está hablando del bolsillo de los consumidores.