Senadores de oposición consideran excesivo el año adicional solicitado por el Gobierno para la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales. La discusión podría comenzar durante la segunda semana de octubre.
La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales volvió al centro del debate luego de que senadores de oposición cuestionaran el plazo de un año propuesto por el Gobierno para postergar su aplicación.
La Ley N° 21.719, despachada por el Congreso en agosto de 2024, establece actualmente que sus disposiciones comiencen a regir el 1 de diciembre de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo ingresó en septiembre un proyecto que busca trasladar esa fecha al 1 de diciembre de 2027, argumentando que se requiere tiempo adicional para contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su implementación.
La propuesta se encuentra en tramitación en el Senado y corresponde al Boletín N° 18.623-07.
Oposición plantea una postergación de seis meses
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, señaló que el plazo de 12 meses planteado por el Ejecutivo es excesivo, considerando que la legislación ya lleva dos años desde su publicación sin entrar en vigencia.
El parlamentario sostuvo que existe un problema real asociado a la instalación de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, organismo que deberá cumplir funciones de regulación, interpretación, fiscalización y sanción. Por ello, planteó como alternativa que algunas disposiciones comiencen a regir en un plazo de seis meses y que otras puedan contar con un período adicional de implementación.
En la misma línea, el senador Matías Walker calificó como excesivo postergar por un año la protección de los datos personales de los ciudadanos, mientras que el senador Juan Luis Castro sostuvo que la prórroga no debiera superar los 180 días.
La Comisión de Constitución espera comenzar la discusión del proyecto durante la segunda semana de octubre.
Una nueva institucionalidad para proteger los datos
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo para solicitar la postergación es la necesidad de completar la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales y permitir que tanto organismos públicos como empresas puedan adaptar sus sistemas y procesos a las nuevas obligaciones.
La propuesta del Gobierno contempla además modificar la estructura de la Agencia, aumentando de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y estableciendo un quórum de tres miembros.
La conformación de este organismo, sin embargo, ha enfrentado dificultades. El Gobierno ya realizó propuestas de candidatos que no lograron concretar su designación y actualmente trabaja en una nueva composición para la entidad. Según antecedentes publicados por La Tercera, el Ejecutivo tendría actualmente tres nombres sobre la mesa y buscaría completar los dos cupos restantes.
¿Qué significa esto para los consumidores?
La nueva legislación representa un cambio importante en la forma en que se protegen los datos personales en Chile. Entre otros aspectos, reconoce derechos como el acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad de los datos personales, además de establecer nuevas obligaciones para quienes recopilan y procesan esta información.
Esto cobra especial relevancia en un contexto donde los consumidores entregan diariamente información personal a bancos, comercios, plataformas digitales, compañías de telecomunicaciones, aplicaciones y organismos públicos.
Desde la perspectiva de los consumidores, la discusión no debiera limitarse únicamente a cuánto tiempo necesita el Estado y las empresas para adaptarse a la nueva legislación, sino también a cuánto tiempo deberán seguir esperando las personas para contar efectivamente con un sistema reforzado de protección y fiscalización de sus datos personales.
La discusión parlamentaria deberá resolver ahora si la entrada en vigencia se posterga por un año, como propone el Ejecutivo, si se opta por una prórroga de seis meses o si finalmente se establece una implementación gradual de las distintas disposiciones.
Por ahora, mientras el Congreso no apruebe una modificación, la fecha establecida en la legislación continúa siendo el 1 de diciembre de 2026.