Un análisis crítico revela que los beneficios del proyecto se concentrarían en los sectores de mayores ingresos, mientras que el costo para el Estado alcanzaría los US$ 4.400 millones anuales.
Santiago, abril de 2026. La Confederación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) presentó un informe detallado sobre la propuesta económica gubernamental denominada “pro-crecimiento”. Basado en el estudio “Reforma gubernamental ‘pro-crecimiento’: quién gana, quién paga” de los economistas Gerardo Aceituno y Rafael Urriola, el organismo alertó que este debate impacta directamente en la equidad tributaria y el acceso a derechos económicos de los chilenos.
Proyecciones bajo cuestionamiento y costo fiscal El Ejecutivo proyecta que las medidas permitirían un aumento acumulado del PIB de +8,6% hacia el año 2036, lo que representaría un crecimiento adicional de 0,86 puntos porcentuales por año. Sin embargo, el informe técnico pone en duda estos resultados al basarse en supuestos de elasticidad tributaria que no coinciden plenamente con la evidencia histórica reciente en Chile.
Por otro lado, la implementación de este paquete de medidas tendría un impacto significativo en las arcas públicas:
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El costo fiscal directo se estima en US$ 4.400 millones anuales, cifra equivalente al 1,4% del PIB.
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El análisis oficial no transparenta efectos potenciales en variables críticas como la inflación, el tipo de cambio o las respuestas del Banco Central.
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La reforma no cuenta con mecanismos de autofinanciamiento claros.
Concentración de beneficios y desigualdad Uno de los hallazgos más preocupantes para la organización es la brecha en la distribución de las ganancias proyectadas. Según los datos expuestos:
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El 30% de los hogares más ricos captaría el 46% del aporte total al PIB generado por la reforma.
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El decil más rico de la población obtendría un beneficio de 0,80 puntos del PIB, mientras que el decil más pobre solo captaría 0,037 puntos.
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Existe una relación de 21,6 veces entre el beneficio que recibe el sector de mayores ingresos frente al más vulnerable.
Impactos indirectos en los consumidores Más allá de las cifras macroeconómicas, la reforma contempla medidas como la reducción del impuesto a las empresas, la integración tributaria y la simplificación de permisos. No obstante, CONADECUS identifica riesgos colaterales que podrían afectar la calidad de vida de las familias:
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Educación: Se prevé la eliminación de la franquicia SENCE y una pausa en el avance de la gratuidad universitaria.
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Costo de vida: Se advierten presiones fiscales que podrían traducirse en variaciones de precios no modeladas en el análisis oficial.
Conclusión y llamado a la equidad Para CONADECUS, la reforma propuesta no es neutral en términos distributivos y genera riesgos de mayor desigualdad. Por ello, la institución hace un llamado urgente a las autoridades para realizar una revisión profunda de los impactos económicos. “El crecimiento económico debe beneficiar a toda la población”, concluye el informe, enfatizando el derecho de los consumidores a la transparencia y la protección de su patrimonio.
