Con el objetivo que el Banco Itaú-Corpbanca entregue respuesta a un grupo de consumidores que señalan haber sido defraudados, El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la empresa para iniciar una mediación colectiva.
Esto, debido a que durante finales de 2017 hasta la fecha el organismo recibió 138 reclamos contra la entidad bancaria, en los cuales los consumidores indican que aprobaron créditos, avances en tarjetas de crédito, utilización de dineros depositados y líneas de créditos, entre otros, realizando transferencias a distintas cuentas de gente desconocida.
Los usuarios explican que se enteran, en muchos casos, cuando le llegan los avisos a su celular por aprobación de créditos y luego por las transferencias, las que aseguran, nunca realizaron, y en algunos casos, se utilizan mandatos inexistentes o que no fueron otorgados para dicho fin.
El Sernac ofició al Banco Itaú el pasado 21 de marzo, para conocer mayores antecedentes de este caso, entre ellos, la cantidad de reclamos recibidos por la entidad, los mecanismos que había dispuesto para enmendar estos hechos, la revisión y ajuste de sus mecanismos de seguridad, entre otros aspectos.
Sin embargo, Banco Itaú respondió explicando que sus sistemas de seguridad no habían sido vulnerados, eximiéndose de responsabilidad, trasladándola a los clientes por el mal uso de sus herramientas de seguridad, como lo son las claves secretas y tarjeta de coordenadas.
Tras analizar los antecedentes, entre ellos, nuevos reclamos, información proporcionada por el diputado Sebastián Torrealba, además de la respuesta entregada por el Banco Itaú-Corpbanca, el Sernac decidió iniciar una mediación colectiva.
Lucas Del Villar, director nacional del organismo, explicó que espera que la empresa esté dispuesta a buscar una solución a la brevedad posible ante un problema que está afectando gravemente a un número importante de personas.
La autoridad recalcó que las entidades financieras tienen el deber de ser profesionales, lo que implica contar con estándares de seguridad y que, en caso de producirse algún hecho que afecte al consumidor, como fraudes generados por fallas en los mecanismos de seguridad, lo que se espera es que entreguen soluciones rápidas y oportunas a los afectados.
