Elevar la tasa máxima del tramo hasta 50 UF equivale a encarecer el acceso a alimentos, remedios y educación de las familias con menos recursos y de los adultos mayores, con el argumento –sin evidencia– de que ello permitiría enfrentar a organizaciones criminales.
En una reciente carta publicada en el diario El Mercurio, los presidentes de la Asociación de Bancos y de la Asociación FinTech se refieren a la propuesta de aumentar la tasa máxima convencional (TMC) para el microcrédito, la fundamentan en el combate al crédito ilícito que realiza el crimen organizado y sostienen que “revisar la fórmula no es desregular, es corregir una política pública”.
Existe consenso en combatir el crimen organizado y la delincuencia; con esa promesa llegó el actual Gobierno a La Moneda. El préstamo ilícito, llamado “gota a gota”, es una práctica criminal que se debe perseguir con todo el rigor del sistema penal. Pero una cosa muy distinta es utilizar ese argumento y el temor de la población para otros fines, como subir las tasas de los créditos más pequeños del sistema financiero al que acceden las familias de menores recursos.
No existe evidencia que vincule la tasa máxima con el acceso al préstamo ilegal, y apelar a ese argumento para encubrir la pretensión de subir las tasas de interés –que en su momento superaron el 50%– no es aceptable.
Antes de la Ley N° 20.715, de 2013, la tasa máxima aplicable a las operaciones bajo 200 UF (cerca de $8,2 millones) alcanzó niveles cercanos al 59% anual; en diciembre de 2013 todavía se ubicaba en 53,91% (SBIF, 2017). Como ha advertido Salvador Valdés (2026), esas cifras subestiman el costo real, pues se expresan como tasa nominal lineal: medida como tasa compuesta, la carga se aproximaba al 80% anual.
Los representantes de la banca y de las fintech omiten que esta política pública fue impulsada por el Gobierno del Presidente Piñera –que tuvo el coraje de implementar una política discutida por más de 15 años en el Parlamento– y aprobada por amplia mayoría en el Congreso.
La rebaja de la tasa máxima se logró al utilizar como base de cálculo el promedio de la tasa de interés corriente del tramo 200-5.000 UF (entre cerca de $8,2 y $205 millones), que es una tasa competitiva, y se le sumaron 21 y 14 puntos porcentuales para operaciones de hasta 50 UF (cerca de $2 millones) y de hasta 200 UF (cerca de $8,2 millones), respectivamente.
Los resultados de la política pública están a la vista: a diciembre de 2016, la TMC del tramo 0-50 UF (hasta cerca de $2 millones) había bajado 17,27 puntos porcentuales, hasta 36,64%, y la del tramo 50-200 UF, 24,27 puntos, hasta 29,64%. Con la fórmula antigua, esa tasa habría llegado a 42,44% (SBIF, 2017). En concreto, la medida implicó para los deudores una reducción directa de su carga financiera.
Los representantes de la banca y de las instituciones financieras expresan su preocupación por los entre 151 mil y 227 mil clientes que habrían sido excluidos en los tres primeros años.
Esta cifra corresponde a un rango máximo de “potenciales excluidos”, y el mismo informe de la superintendencia agrega que los análisis econométricos “indican que el cambio legal no habría tenido un efecto negativo sobre la evaluación de los flujos de ningún tipo de crédito”; que los 127 mil clientes que dejaron el registro bancario en 2016 representan una magnitud similar a la de los cinco años previos; que 15% de quienes salen vuelve a la banca al año siguiente y otro 53% registra presencia en otras instituciones fiscalizadas; y que la evidencia “no se ha traducido en un menor nivel de endeudamiento de los hogares a nivel agregado” (SBIF, 2017).
La propia superintendencia en su informe reconoció que, para quienes quedan fuera, el balance “no es claro”: la restricción puede desplazar deudores hacia fuentes informales, pero también puede evitar su sobreendeudamiento (SBIF, 2017).
El crédito para las familias de menores ingresos permite acceder al financiamiento de gastos educacionales (23%, según la Encuesta Financiera de Hogares 2021 del Banco Central), y seis de cada diez hogares que ahorran lo hacen para enfrentar gastos inesperados. En salud, el gasto de bolsillo representa 32% del gasto total en Chile, frente a 20% en el promedio OCDE; los medicamentos son su principal componente (38%) y alcanzan 44,5% en el quintil de menores ingresos (CEP, 2018).
La CMF, a su vez, informa que en el tramo de ingresos bajo $250 mil, el 63% de los deudores tiene 60 años o más, con una carga financiera de 14,9% (CMF, 2025).
Elevar la tasa máxima del tramo hasta 50 UF (cerca de $2 millones) equivale, en los hechos, a encarecer el acceso a alimentos, remedios y educación de las familias con menos recursos y de los adultos mayores, con el argumento –sin evidencia– de que ello permitiría enfrentar a organizaciones criminales.
La bancarización y el combate al crimen organizado constituyen objetivos compartidos de política pública. Precisamente por su importancia y gravedad, exigen diversos instrumentos: fortalecer la persecución penal, perseguir el patrimonio ilegal para seguir la huella del dinero y el lavado de activos, enfrentar la usura ilegal, contar con información crediticia de mejor calidad, fortalecer el microcrédito productivo con garantías y acompañamiento, y fiscalizar efectivamente comisiones y cargos.
Lo que no resulta admisible es que se proponga concentrar el esfuerzo en las tasas de interés que se cobran a las operaciones más pequeñas, hasta 50 UF (cerca de $2 millones), que corresponden especialmente a las familias de menores recursos. Corregir una política pública es legítimo; hacerlo a costa de las familias de menos recursos, que utilizan el crédito para llegar a fin de mes, comprar alimentos, pagar la educación o adquirir remedios, no tiene fundamento técnico ni, menos aún, ético.
Columna de opinión publicada en El mostrador, escrita por Eugenio Tuma Zedán.