Noticia | 7 Julio 2016

CONADECUS cuestiona ley anticolusión

Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), cuestionó el proyecto de ley que busca establecer penas de cárcel para los casos de colusión, asegurando que “las autoridades están más preocupadas de dejar conformes a inversionistas y empresarios”.
Durante el pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por 90 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones las modificaciones al artículo 64, relativas a la exclusividad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para iniciar acciones legales en casos de colusión, una indicación presentada por el Ejecutivo.
La discusión está enmarcada en el análisis del proyecto que establece penas de cárcel para las prácticas de colusión y aumenta las multas. Una iniciativa que, pese a las expectativas iniciales, no ha logrado satisfacer a los actores involucrados en el debate, especialmente en el caso de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), quienes fueron los promotores de la propuesta legal que sufrió diversas modificaciones.
En lo concreto, la indicación del Ejecutivo incorpora la obligación de que sea el Fiscal Nacional Económico -designado por el presidente de la República- quien interponga la querella en casos donde se afecte gravemente la libre competencia en los mercados, y no el Ministerio Público, lo que ha generado polémica y rechazo entre algunos parlamentarios.
colusion-farmacias-fuente-ciperCLEn opinión de Hernán Larraín, representante de Conadecus, “el Fiscal está expuesto al momento político que se está dando y eso nos parece muy peligroso. Dijimos que no nos parecía prudente que la acción penal quedara en una atribución exclusiva para un funcionario público, que puede ser una atribución discrecional por parte de él y que además tenía el inconveniente de que el fiscal nacional es nominado por el presidente de turno”.
Aunque la iniciativa eleva la colusión a la categoría de delito penal, y se establece que quienes incurran en estas prácticas ilícitas serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años), para la Conadecus existe un alto peligro de que la ley se convierta en “letra muerta”.
“SIGUEN HABIENDO DISTORSIONES”
Actualmente, sólo falta la ratificación de la Sala del Senado para que el proyecto se convierta en ley. La iniciativa establece un plazo para interponer la querella de seis meses, mientras que la imposición de una pena por delitos de colusión implica la inhabilitación absoluta para desempeñar, en un plazo de 5 años, cargos u oficios públicos, así como roles de gerencia en sociedad anónimas, gremiales, empresariales o de consumidores, partidos políticos o colegios profesionales.
Otro punto polémico es la delación compensada, que exime de responsabilidad criminal al que primero hubiese aportado antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica sobre los hechos. Respecto a las sanciones económicas, sustituye la fijación de las multas por una fórmula basada en el doble beneficio económico reportado por la infracción, o hasta el 30% de las ventas del infractor durante el período de colusión.
A juicio de la Conadecus, también era necesario consagrar la posibilidad de remoción del Fiscal Nacional Económico en caso de incumplimiento de deberes, lo que finalmente fue rechazado.

Nos preocupa que sea sólo un saludo a la bandera. Esperamos que se demuestre que no, pero si no se dan más atribuciones para querellas nos parece peligroso. Con toda la atribución que tiene la Fiscalía para vetar la discusión, puede ponerle reserva a la información, así como el Tribunal también puede guardar reserva de la información que entregaron las empresas y esto obstaculiza cualquier transparencia, como ha ocurrido y está ocurriendo. La legislación no nos deja conformes”, enfatizó Larraín.

En opinión del representante, ante el actual mercado “oligopólico y concentrado en muy pocas manos, sin competencias” era necesaria una señal contundente hacia la ciudadanía que también posibilitara la presentación de demandas colectivas. “Lo que todo el país quería es que los delitos de cuello y corbata no quedaran en la impunidad”, argumenta.
Hoy, con la suma de restricciones de la propuesta, la justicia para este tipo de delitos económicas es incierta. “Siguen habiendo distorsiones y el consumidor queda desprotegido. Las autoridades están más preocupadas de salvar a las empresas y de dejar conforme a inversionistas, que de proteger a la gente“, recalcó el vocero de Conadecus.
Además, reiteraron que los ministros del Tribunal de Libre Competencia deberían ser nominados por la Corte Suprema, y no por el Banco Central, como ocurre actualmente.
 
Fuente: ElCiudadano

Publicado por
Alejandro Calvillo

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