CONADECUS manifiesta preocupación ante la detección de miles de contratos realizados de forma irregular, lo que vulnera la seguridad jurídica y los derechos de información y asesoría técnica de los consumidores.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó recientemente una multa a una compañía de seguros tras detectar que comercializaba pólizas mediante agentes de ventas que no se encontraban inscritos ni habilitados oficialmente. Esta práctica contraviene la normativa vigente, ya que los agentes involucrados no figuraban en el Registro de Agentes de Ventas de Seguros, un requisito obligatorio dictado por la Ley de Seguros y la propia CMF. Según los antecedentes del regulador, la ley permite únicamente tres canales para la venta de seguros: de forma directa por la compañía, a través de corredores autorizados o mediante agentes debidamente registrados. La infracción detectada no se considera una simple falta administrativa, sino una vulneración grave al sistema de supervisión diseñado para proteger la confianza pública y la transparencia del mercado asegurador chileno.
Desde CONADECUS se ha observado con inquietud esta situación, subrayando que la irregularidad afecta el derecho de las personas a recibir información clara y segura. Las investigaciones de la autoridad financiera revelaron que, en ciertos casos, se comercializaron miles de pólizas bajo esta modalidad no autorizada, lo que evidencia fallas críticas en los controles internos de las empresas del sector. Para la organización de consumidores, este escenario es alarmante porque los usuarios suelen desconocer si el ejecutivo que los atiende cuenta con la habilitación legal correspondiente, lo que los deja en una posición de vulnerabilidad frente a posibles malas prácticas.
La comercialización irregular conlleva riesgos directos para quienes contratan, tales como la entrega de información engañosa o incompleta y la ausencia de una asesoría técnica adecuada. Asimismo, los consumidores pueden enfrentar serias dificultades al momento de intentar cobrar coberturas o ejercer sus derechos ante la ocurrencia de un siniestro o controversia. Ante este panorama, CONADECUS hizo un llamado a intensificar la fiscalización preventiva y a facilitar el acceso de la ciudadanía a herramientas de verificación pública. La protección de los derechos financieros debe ser una prioridad, garantizando que las aseguradoras operen bajo los más altos estándares de responsabilidad y cumplimiento legal.
