La organización manifiesta su preocupación ante la “guerra de lobby” por la regulación de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), exigiendo que las decisiones prioricen la transparencia y el impacto en las tarifas de los hogares por sobre las disputas corporativas.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, ha emitido una alerta respecto a la intensa presión que grandes grupos empresariales y fondos de inversión extranjeros están ejerciendo sobre las decisiones estratégicas del sistema energético chileno. Esta situación, descrita como una “guerra de lobby”, se centra en la modificación del régimen regulatorio de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), particularmente en relación con los decretos supremos 88 y 125. La organización advierte que tras este conflicto no existe únicamente una discusión técnica, sino una profunda disputa económica entre fondos internacionales, empresas generadoras y gremios mineros que buscan defender posiciones favorables a sus intereses particulares.
La controversia ha escalado a niveles políticos significativos, con reportes de presiones sobre el Ejecutivo durante eventos como el ChileDay para reconsiderar la vigencia de decretos que buscan corregir distorsiones en el régimen de precios estabilizados. Según los antecedentes expuestos, el conflicto ha generado incluso tensiones internas en el gabinete, con gestiones para evaluar el retiro de dichos decretos desde la Contraloría. Para CONADECUS, este escenario evidencia una necesidad urgente de fortalecer el control del lobby en materias estratégicas, ya que los consumidores tienen el derecho fundamental a conocer cómo estas decisiones afectarán finalmente el precio de la electricidad y la estabilidad del mercado eléctrico nacional.
Uno de los puntos más críticos señalados por la organización es el impacto económico sistémico del actual régimen de PMGD. Citando datos del Consejo Minero, se advierte que las distorsiones regulatorias actuales podrían generar sobrecostos cercanos a los US$700 millones para el sistema energético. CONADECUS enfatiza que cualquier sobrecosto de esta magnitud termina impactando, directa o indirectamente, en los consumidores finales a través de tarifas eléctricas más elevadas o el encarecimiento de bienes y servicios básicos. La entidad sostiene que la transición energética y el desarrollo de renovables deben avanzar bajo principios de equidad y responsabilidad social, evitando que la ciudadanía absorba los costos de las disputas entre grandes actores financieros.
Finalmente, la corporación hace un llamado a que la regulación eléctrica se adopte con total independencia técnica y transparencia, alejándose de presiones económicas que comprometan el interés público. CONADECUS recalca que el sistema eléctrico es un servicio esencial para millones de familias y que el debate no puede reducirse a una negociación entre empresas y autoridades políticas. La protección de los derechos de las personas consumidoras y la garantía de un sistema tarifario justo deben ser el eje central de cualquier modificación en el mercado energético chileno.
