Hernán Calderón cuestionó las críticas empresariales a la norma que obliga a reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas de catástrofe y llamó a garantizar un mínimo vital para las familias afectadas.
El debate en torno a la reconexión de los servicios básicos en zonas de catástrofe volvió al centro de la discusión luego de que el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento presentado contra la norma que establece la reposición gratuita de los suministros de agua, electricidad y gas para usuarios residenciales y mipymes afectados por una emergencia.
Mientras representantes del sector empresarial y algunos economistas han advertido que las nuevas obligaciones podrían generar mayores costos para las compañías y eventualmente presionar al alza las tarifas, desde CONADECUS plantean que el análisis debe partir desde otra perspectiva: qué nivel de protección y seguridad mínima debe garantizarse a las personas cuando enfrentan una catástrofe.
El presidente de CONADECUS, Hernán Calderón, defendió la medida y sostuvo que el acceso a los servicios básicos debe entenderse como una necesidad esencial para la vida de las personas.
“Tenemos el derecho a tener servicios básicos, vitales, que estén conectados a las personas”, señaló Calderón en entrevista con Radio Futuro.
“Los consumidores pagamos todo”
Uno de los principales argumentos planteados por representantes empresariales apunta a que la obligación de reconectar gratuitamente podría generar costos adicionales para las empresas distribuidoras.
Sin embargo, Calderón cuestionó que estos costos sean presentados como una razón suficiente para responsabilizar a los consumidores.
El presidente de CONADECUS recordó que una parte importante de la infraestructura de conexión de los servicios básicos ha sido financiada por los propios usuarios.
“Los consumidores pagamos todo”, afirmó, señalando que las conexiones domiciliarias y parte importante de la infraestructura asociada a las redes han sido financiadas por las personas.
En ese contexto, Calderón calificó la reconexión gratuita en situaciones de catástrofe como “una solidaridad mínima de las empresas con sus consumidores”, enfatizando que la medida no se aplica a todo el país, sino exclusivamente a aquellos territorios que han sufrido una situación de emergencia.
Servicios básicos no pueden quedar condicionados durante una catástrofe
Para CONADECUS, una catástrofe coloca a las familias en una situación de especial vulnerabilidad. Muchas personas pueden perder sus viviendas, fuentes de ingreso y bienes esenciales, por lo que mantenerlas sin agua, electricidad o gas debido a una deuda previa puede profundizar aún más las consecuencias de la emergencia.
“Los humanos necesitamos agua. Sin agua no podemos vivir”, sostuvo Calderón, quien también destacó el carácter esencial que han adquirido la electricidad y el gas para la vida cotidiana.
Desde la organización de consumidores advierten que los servicios básicos no pueden ser considerados únicamente como una mercancía cuando las personas enfrentan situaciones extremas.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a cuánto cuesta reconectar a una familia afectada, sino también a cuál es la responsabilidad de las empresas y del Estado para garantizar servicios esenciales, seguros y resilientes frente a emergencias cada vez más frecuentes.
CONADECUS reconoce que los plazos pueden mejorarse
Calderón también abordó uno de los principales cuestionamientos técnicos a la normativa: los plazos establecidos para la reposición.
La norma contempla un plazo de hasta 48 horas para electricidad y gas y 24 horas para agua potable y alcantarillado.
En este punto, el presidente de CONADECUS reconoció que existen aspectos que pueden ser revisados.
“Creo que es discutible y es mejorable el tema de los plazos”, señaló, admitiendo que frente a catástrofes de gran magnitud pueden existir condiciones que hagan imposible cumplir inmediatamente con los tiempos establecidos.
Para CONADECUS, esto no significa cuestionar el principio de la reconexión gratuita. Por el contrario, se debe avanzar en protocolos claros y realistas que permitan responder según la magnitud de cada emergencia, resguardando tanto a los consumidores como a los trabajadores que participan en las labores de reposición.
¿Una nueva alza para los consumidores?
Ante las advertencias sobre una eventual alza de tarifas, CONADECUS considera necesario que cualquier discusión regulatoria se realice con transparencia y considerando todos los costos que ya asumen los usuarios.
La organización sostiene que no corresponde trasladar automáticamente a las familias el costo de obligaciones que buscan garantizar la continuidad y seguridad de servicios esenciales.
Antes de hablar de nuevas alzas, plantea CONADECUS, es necesario conocer qué inversiones realizan las empresas para mantener y fortalecer sus redes, cuánto pagan actualmente los consumidores por infraestructura y cuáles son los estándares de resiliencia que deben cumplir las compañías frente a emergencias.
La reconexión gratuita, además, no constituye una medida permanente para todos los usuarios, sino una protección excepcional destinada a quienes se encuentran en zonas afectadas por una catástrofe.
Hacia un mínimo vital
Para CONADECUS, la discusión también debe abrir una conversación más amplia sobre el acceso a los servicios básicos y el llamado “mínimo vital”.
Calderón planteó que Chile debe avanzar hacia mecanismos que permitan garantizar que las personas cuenten con los servicios indispensables para su subsistencia, especialmente cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
“Tenemos que llegar a que las personas tienen que tener el mínimo para su subsistencia”, sostuvo.
Desde CONADECUS señalan que una emergencia no puede transformarse en una segunda tragedia para las familias. Por eso, la organización defiende que la reposición de los servicios básicos en zonas de catástrofe debe ser entendida como una medida de protección y solidaridad, y no simplemente como un nuevo costo que eventualmente deba ser financiado por los consumidores.
El desafío, concluye CONADECUS, es avanzar hacia servicios básicos más resilientes, con empresas preparadas para responder ante emergencias y con reglas que permitan proteger a las personas sin trasladar automáticamente los costos al bolsillo de las familias.
