Tras las declaraciones del biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien estimó en US$3.000 millones el costo de instalar medidores inteligentes y sostuvo que sería “imposible” que las empresas lo asuman sin traspasarlo a los clientes, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, y el diputado Nelson Venegas expresaron su rechazo a tales dichos y exigieron resguardar el bolsillo y el derecho de propiedad de los usuarios.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, a través de su presidente Hernán Calderón acompañado por el diputado Nelson Venegas recalcaron que no se oponen a la modernización, pero sí a estos avances terminen en alzas automáticas o en una transferencia patrimonial encubierta: “el medidor y el empalme fueron por años de cargo y propiedad del usuario. La Ley 21.076, mediante el artículo 139 bis, alteró ese régimen y fue ampliamente cuestionada por su impacto en el derecho de propiedad. Hoy el ministro pretende reinstalar la misma lógica: que paguen los consumidores. Eso es inaceptable”, indicó Calderón.
En esa misma dirección, el diputado Venegas afirmó: “no compartimos que se instale como ‘inevitable’ que las familias terminen financiando este recambio. La modernización debe hacerse con reglas claras, sin traspasar costos ni riesgos a usuarios cautivos, y con el Estado defendiendo los derechos de los consumidores y su derecho de propiedad. Lo contrario es abrir la puerta a abusos”, indicó.
Finalmente, Calderón señaló que “no estamos contra el medidor digital: exigimos que mida lo mismo que el análogo, con certificación independiente y fiscalización efectiva. Si el cambio de tecnología implica registrar cobros que antes no se reflejaban del mismo modo, eso requiere reglas explícitas, transparencia y compensación inmediata ante errores”.
El diputado Nelson Venegas y Conadecus insistieron en que cualquier implementación debe garantizar que no exista traspaso de costos a los hogares ni afectación del derecho de propiedad, y anunciaron que impulsarán gestiones ante los organismos competentes para reforzar la fiscalización y la transparencia del proceso, sin descartar acciones administrativas y judiciales si se vulneran derechos o se intenta cargar costos sin base legal.
