Noticia | 25 Octubre 2023

De cuello y corbata: Ley de Delitos Económicos endurece sanciones

La nueva ley, aprobada y promulgada este año, es un cambio significativo para las empresas del país, persiguiendo las responsabilidades de sus directores y ejecutivos.

 

La normativa promulgada en agosto pasado entrará en vigencia el 2024, estableciendo cuatro categorías de delitos.

La más destacable de las medidas, corresponde a que serán considerados delitos económicos las faltas realizadas bajo el ejercicio de los cargos en cada empresa.

Esto incluye los delitos de carácter tributario y ambientales, situación que levanta preocupaciones en los sectores de privados.

Otra implicancia es que si un director o ejecutivo comete delitos tributarios bajo el ejercicio de su cargo este será condenado a pena efectiva, sin posibilidad de acceder a penas alternativas.

A partir de la nueva normativa, los delitos de carácter “económico” ahora obtendrán responsabilidades penales.

Por consecuencia, la ley ahora impedirá que las sentencias se cumplan en libertad, sumando inhabilidades para ejercer más cargos y requisición de los beneficios obtenidos.

Con esta norma, ahora las empresas deberán optar a modelos preventivos a estos delitos, siendo la única manera de proteger sus beneficios ante las faltas a esta ley.

Un verdadero cambio de paradigma legal y empresarial que redefine el juego legislativo. Así ha sido calificada la implementación de la nueva Ley de Delitos Económicos.

Un cambio necesario para modernizar el código penal y equiparar a Chile con las regulaciones internacionales vigentes en los Estados Unidos y Europa.

En forma resumida, ahora la ley establecerá que los directores y ejecutivos, en que en ejercicio de sus cargos violen esta ley, serán ellos los únicos responsables del delito.

Pese a lo anterior, expertos aseguran que es necesario asignar recursos adecuados al cumplimiento normativo, especialmente en comparación con otros departamentos de las empresas.

En el caso de Chile se encuentra en las primeras etapas de este proceso, comprender la necesidad de recursos para la función de cumplimiento normativo, y así detectar riesgos de incumplimiento o inobservancia de normativas, es crucial.

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