La caída en las ventas alcanza hasta un 40% mientras las familias postergan su decisión de compra a la espera de mayor claridad en la medida.
La reciente discusión sobre la suspensión del cobro de IVA en la venta de viviendas nuevas ha generado diversas reacciones en el mercado inmobiliario, abriendo un debate relevante para las personas que buscan acceder a una vivienda. Tras el anuncio de esta medida, se han registrado caídas en las ventas de viviendas de entre un 30% y un 40%, fenómeno asociado principalmente a la incertidumbre generada en los potenciales compradores. Muchas personas estarían postergando sus decisiones de compra a la espera de una eventual disminución en los precios finales de las propiedades.
Desde CONADECUS observamos con preocupación que la falta de claridad en los detalles de implementación de esta iniciativa podría estar afectando directamente a los consumidores. Aspectos críticos como la fecha efectiva de entrada en vigencia, los proyectos específicos que serán beneficiados y si la medida aplicará a promesas de compraventa ya firmadas siguen generando dudas en la ciudadanía. Esta falta de definiciones claras puede provocar decisiones apresuradas, cancelaciones de reservas o postergaciones que impactan negativamente en la planificación financiera de las familias.
Cabe recordar que el país enfrenta actualmente un importante déficit habitacional de 500 mil viviendas, junto con un alto stock de 100 mil propiedades nuevas sin vender. En este complejo contexto, cualquier medida que busque mejorar el acceso a la vivienda debe considerar, ante todo, la protección de quienes buscan adquirir una propiedad. Asimismo, existen dudas fundadas respecto a cuánto del beneficio tributario por la suspensión del IVA se traspasará efectivamente a los consumidores finales y cuánto podría ser absorbido por otros actores del mercado.
Por estas razones, desde CONADECUS enfatizamos la importancia de entregar información clara, oportuna y verificable a los consumidores, evitando anuncios que puedan inducir a error. Es fundamental garantizar que cualquier beneficio se traduzca en menores precios reales y proteger la situación de quienes ya han firmado compromisos de compra. La vivienda es un derecho fundamental y una de las decisiones económicas más relevantes para las familias; por ello, las políticas públicas deben priorizar la certeza jurídica, la transparencia y la equidad en el acceso. La organización continuará monitoreando esta situación para promover el respeto irrestricto de los derechos de los consumidores.
