Análisis de CONADECUS revela que el 30% de los hogares con mayores ingresos captaría casi la mitad del aporte al PIB generado por las nuevas medidas económicas.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) presentó un análisis crítico sobre la reforma económica impulsada por el Ejecutivo, advirtiendo serias interrogantes sobre su equidad distributiva. Según el informe titulado “Reforma gubernamental ‘pro-crecimiento’: quién gana, quién paga”, publicado el 26 de abril de 2026, los beneficios proyectados de esta política no se repartirían de manera equitativa entre la población. Los datos, obtenidos mediante microsimulaciones basadas en la encuesta CASEN 2024, muestran que el 30% de los hogares más ricos concentraría el 46% del aporte directo al PIB que generaría la reforma.
El estudio identifica la reducción del Impuesto de Primera Categoría (CIT) como el componente más regresivo del paquete. Esta medida, que busca bajar el impuesto del 27% al 23%, beneficia desproporcionadamente al decil más alto (D10), el cual captaría 0,80 puntos porcentuales del aporte al PIB, equivalente al 31% del total de este instrumento. En contraste, el decil de menores ingresos (D1) apenas percibiría un 0,037 puntos porcentuales, lo que representa solo el 1,4% del beneficio. Esta brecha implica que el sector más rico recibe 21,6 veces más beneficios que el más pobre a través de esta vía.
Además de la reducción del impuesto corporativo, otros instrumentos como la integración tributaria total muestran una alta concentración, entregando cerca del 75% de sus beneficios a los sectores de mayores ingresos. Por el contrario, el único instrumento que presenta una distribución razonablemente balanceada es el Crédito Tributario por Empleo (CTE), aunque su impacto es marginal, aportando solo 0,8 puntos porcentuales al total acumulado de la reforma. CONADECUS enfatiza que estas cifras representan el “piso” del análisis, ya que los cálculos oficiales no consideran adecuadamente efectos de segunda vuelta ni dinámicas de transición.
Finalmente, el organismo cuestiona la solidez de las proyecciones gubernamentales, que estiman un crecimiento del PIB de hasta un 8,6% para el año 2036. El informe advierte que estas cifras dependen de un único parámetro de elasticidad, lo que genera incertidumbre, y critica que no se descuenten costos fiscales estimados en un 1,4% del PIB anual. Ante este escenario, CONADECUS hace un llamado a una discusión legislativa transparente que considere el impacto real en los consumidores y la equidad social, concluyendo que el paquete actual no es neutro distributivamente ni se autofinancia de manera asegurada.
