La organización critica la “irresponsabilidad comunicacional” del Gobierno y llama a la ciudadanía a defender activamente sus derechos ante el encarecimiento de la vida.
Ante el anuncio de una nueva alza de combustibles que entrará en vigencia este jueves, impulsada por la administración encabezada por José Antonio Kast, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) manifestó su profunda preocupación por el golpe directo que esta medida asesta a la economía cotidiana de millones de familias chilenas. La organización advierte que este incremento se suma a un escenario de encarecimiento sostenido del costo de la vida, afectando de manera desproporcionada a los sectores medios, trabajadores y pequeñas y medianas empresas (PYMES) que sostienen la economía real del país.
Desde CONADECUS recalcan que estas alzas no son meros ajustes técnicos, sino decisiones que repercuten directamente en el acceso a bienes básicos, la movilidad, los precios de los alimentos y la estabilidad financiera de los hogares. Por ello, consideran urgente que la autoridad transparente de manera completa las razones técnicas y económicas de la medida e implemente mecanismos de compensación efectivos y oportunos para los sectores más vulnerables y la clase media. Asimismo, instan a fortalecer la fiscalización para evitar abusos o incrementos injustificados en toda la cadena de valor.
Un punto de especial alerta para la corporación es la forma en que la actual administración está comunicando la situación financiera del país. CONADECUS calificó de irresponsable el uso de expresiones como “el Estado está en quiebra”, señalando que tales afirmaciones reflejan una grave imprecisión técnica. Advierten que este tipo de señales comunicacionales pueden erosionar la confianza en las instituciones, generar incertidumbre económica y, en casos extremos, provocar pánico financiero en la ciudadanía. Las autoridades tienen el deber ético de comunicar con rigurosidad y conciencia del impacto que sus palabras tienen en los mercados y en la vida de las personas.
Finalmente, se hizo un llamado a los consumidores a no normalizar la falta de transparencia y mantenerse activos en la defensa de sus derechos. Entre las recomendaciones prácticas entregadas para proteger el bolsillo familiar destacan: informar y comparar alternativas antes de consumir, organizar un presupuesto mensual considerando los nuevos costos y denunciar cualquier cobro indebido. Como enfatiza la organización, un consumidor informado es un ciudadano con poder para exigir condiciones justas en un mercado donde el costo de vivir no puede seguir recayendo siempre en los mismos sectores.
