La organización advierte que el nuevo mecanismo de recuperación de deuda estudiantil podría profundizar la vulnerabilidad económica en un escenario de alta inflación.
Santiago, Chile. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) ha manifestado una profunda preocupación ante las recientes definiciones del Gobierno sobre el nuevo mecanismo de cobro para deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según la organización, esta política podría generar un impacto significativo en miles de hogares chilenos al intentar avanzar hacia un sistema de recuperación de deuda en medio de una reestructuración del financiamiento de la educación superior. Para CONADECUS, la medida no resuelve el problema estructural del endeudamiento y, por el contrario, podría agravar la situación financiera de amplios sectores de la población.
El CAE ha sido el principal pilar de financiamiento educativo en el país durante años, pero su implementación ha derivado en altos niveles de deuda que muchos egresados no pueden costear hoy en día. La organización denuncia que el sistema ha operado históricamente con condiciones desiguales y poca transparencia. Además, recalcan que existen miles de deudores con ingresos inestables o insuficientes que se verían presionados por este nuevo enfoque de cobro, especialmente considerando el alto costo de vida y la inflación actual.
Entre las principales críticas, CONADECUS sostiene que el nuevo esquema prioriza la recaudación de recursos por sobre el bienestar social y no considera la capacidad real de pago de los usuarios. “No es aceptable que se continúe trasladando el peso del financiamiento de la educación a las familias”, señalaron desde la institución, subrayando que cualquier reforma auténtica debería incluir criterios de justicia social, mecanismos de protección para los más vulnerables y condonaciones parciales de la deuda.
Finalmente, la corporación hizo un llamado a la ciudadanía a informarse detalladamente sobre el estado de sus créditos y a no aceptar renegociaciones que comprometan su estabilidad financiera. Bajo la premisa de que “la educación es un derecho, no un negocio”, CONADECUS aseguró que continuará monitoreando la situación para resguardar a los consumidores frente a posibles prácticas injustas y promover un sistema que no condene a las personas a décadas de morosidad.
