La organización advierte que las prácticas invasivas afectan la salud mental de los consumidores e insta a la ciudadanía a no normalizar el hostigamiento y ejercer sus derechos legales.
En Chile, el spam telefónico, los correos electrónicos no deseados y las cobranzas insistentes se han convertido en una de las principales fuentes de estrés para miles de hogares. Ante este escenario, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) ha emitido un llamado urgente para que la ciudadanía utilice las herramientas dispuestas por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) para frenar estos abusos. Según la organización, estas prácticas no solo vulneran la privacidad, sino que generan una presión psicológica significativa, especialmente en un contexto de endeudamiento creciente.
La preocupación de CONADECUS radica en que muchas empresas continúan incurriendo en conductas que contravienen la Ley del Consumidor, tales como realizar llamadas fuera de los horarios permitidos o insistir en cobros por deudas que ya han sido pagadas o que ni siquiera corresponden al usuario. Es fundamental recordar que la normativa actual establece límites claros; por ejemplo, las empresas no pueden realizar más de un llamado semanal de cobranza ni exceder los horarios de contacto establecidos.
Para enfrentar estas problemáticas, existen tres plataformas gratuitas del SERNAC que la ciudadanía debe conocer y utilizar:
-
“No Molestar”: permite solicitar que las empresas eliminen los datos personales de sus bases para evitar llamadas, correos o mensajes publicitarios no deseados.
-
“Me Quiero Salir”: facilita el término de contratos de seguros o telecomunicaciones, eliminando trabas administrativas y cobros indebidos.
-
“No Me Hostiguen Cobranzas”: un canal especializado para denunciar de forma directa el acoso o la insistencia excesiva por parte de los cobradores.
Finalmente, CONADECUS enfatizó que los consumidores no deben normalizar estas conductas invasivas, señalando que “cada reclamo cuenta” para detectar patrones de abuso y fortalecer la fiscalización. Si bien el uso de estas herramientas es un paso clave, la organización insiste en que el desafío país sigue siendo avanzar hacia una mayor educación digital y financiera, además de exigir estándares de trato digno y respetuoso por parte del Estado y las empresas.
