A través de un estudio realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) donde se intentó recoger datos para valorizar los activos de las empresas de transmisión entre el 2020 y 2023, y en el cual se reveló que la información reportada “se aleja de los datos estándar de las instalaciones. 

En se señala que las empresas entregaron información incompleta o que “no cuenta con el debido respaldo”, lo que es de relevancia porque, justamente, uno de los factores que determina las tarifas tiene que ver con la inversión que hacen las mismas empresas.

El Ejecutivo reconoció que esto afecta la transparencia y genera desconfianza en un proceso tan relevante para la ciudadanía.Por ello, el ministro de dicha cartera, Álvaro García, dijo previamente que las empresas deben hacer el mayor esfuerzo por entregar esta información, o arriesgan multas muy significativas. Asimismo, también reconoció que será un proceso complejo.

Por ello, recalcaron que “durante años ha existido un trabajo permanente entre el sector público y privado, en el cual nuestras empresas asociadas han aportado de buena fe toda la información con la que contaban. Hasta ahora, no se habían levantado observaciones de esta naturaleza dentro de las instancias formales del proceso”. Finalmente, detallaron que “como hemos señalado en otras oportunidades, este procedimiento involucra millones de datos específicos y múltiples controles. Una vez conocido el informe completo y los montos involucrados, podremos clarificar la información difundida públicamente y, eventualmente, entregar antecedentes complementarios o adoptar las medidas que correspondan”.

El hecho ocurre en medio de la polémica generada luego de que se conociera el sobre cobro en las tarifas eléctricas producto de la mayor valorización que hizo la transmisora Transelec de sus activos, sumado al error de cálculo cometido por la CNE.