El organismo revisará cobros, medidas de seguridad y condiciones contractuales en recintos de estacionamiento a lo largo del país, con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos de los consumidores.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició una fiscalización a nivel nacional dirigida a empresas y establecimientos que ofrecen servicios de estacionamiento, con el propósito de verificar que cumplan con la normativa vigente en materia de protección de los derechos de los consumidores.
La iniciativa busca revisar distintos aspectos clave del servicio, entre ellos la información clara y visible sobre los precios, las condiciones contractuales aplicadas a los usuarios y las medidas de seguridad que deben adoptar los recintos para evitar robos o daños a los vehículos.
Según la legislación chilena, los proveedores de estacionamientos —tanto pagados como gratuitos— tienen la obligación de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los consumidores y sus bienes. En caso de producirse robos, hurtos o daños debido a la falta de medidas de resguardo, las empresas pueden ser consideradas responsables de los perjuicios ocasionados.
Asimismo, la normativa establece reglas específicas respecto a la forma en que se pueden cobrar estos servicios. Por ejemplo, los estacionamientos deben optar por modalidades como el cobro por minuto efectivo de uso o por tramos de tiempo definidos, quedando prohibido redondear las tarifas al alza o aplicar cobros arbitrarios.
Desde el SERNAC señalaron que estas fiscalizaciones forman parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la aplicación de la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, especialmente en servicios cotidianos utilizados por miles de personas, como centros comerciales, supermercados, clínicas y otros recintos que ofrecen estacionamientos a sus clientes.
La autoridad recordó además que los consumidores tienen derecho a recibir información transparente sobre el servicio, a contar con condiciones adecuadas de seguridad y a exigir responsabilidades cuando estos estándares no se cumplen.
Con estas acciones, el organismo busca reforzar la protección de los usuarios y promover que las empresas cumplan con la normativa vigente, evitando prácticas abusivas y garantizando servicios más seguros y transparentes para la ciudadanía.
